El Gobierno nacional reconoció ayer, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el acceso a la justicia y la inclusión social todavía son un proceso lento en Bolivia y atribuyó a grupos minoritarios el bloqueo de varias iniciativas gubernamentales. En compensación, planteó que las falencias serán enmendadas cuando la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe un conjunto de leyes, acordes con la nueva Constitución Política del Estado.
Una comitiva, encabezada por el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, se presentó ayer en Washington (Estados Unidos) ante la CIDH para rendir examen sobre las recomendaciones realizadas en el informe emitido en 2006, sobre el acceso a la justicia y la inclusión social.
En el mismo escenario, un grupo de parlamentarios opositores, liderados por el presidente del Senado, Óscar Ortiz, denunció que el Gobierno del MAS comete abusos al sistema democrático y consuma violaciones a los derechos humanos. La oportunidad fue aprovechada por Ortiz para invitar al organismo internacional a que visite el país y compruebe las denuncias.
Presidida por Luz Patricia Mejía y secundada por los relatores Felipe González y Florentín Meléndez, la CIDH pidió al enviado del Gobierno que explique por qué no se ha repuesto la institucionalidad del Poder Judicial, sustentada en el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio Público.
Al respecto, Llorenti reconoció el retraso, pero apuntó a los opositores de frenar el proceso de nombramiento de las autoridades del Poder Judicial, debido a los cálculos políticos y la vieja forma de cuoteo partidario que hoy se manifiesta en el Senado. “La nueva Carta Magna de Bolivia establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional, que sesionará desde enero, tiene 180 días para aprobar un conjunto de leyes que solucionará éste y otros problemas que vive el país”, justificó el viceministro.
Para citar un dato, la retardación de justicia afecta a tres cuartas partes de la población penitenciaria que hay en Bolivia. Llorenti también enumeró las acciones del Gobierno que permiten mostrar los avances, en relación con las recomendaciones de la CIDH, en su informe presentado hace tres años.
La apertura de casas de justicia, el saneamiento de más de 20 millones de hectáreas de tierra, las gestiones ante Estados Unidos y Perú para lograr la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros, la disminución de la pobreza en el orden del 5% en tres años y el incremento del 10% en acceso a agua potable y saneamiento básico, entre otros, son puntos que el Gobierno se apuntó a favor.
Antes de la participación de Llorenti habló ante la CIDH el titular del Senado, Óscar Ortiz, para denunciar la violación a la Carta Democrática y de los derechos humanos de los líderes de la oposición y autonomistas, y por las muertes y ejecuciones que se dieron en la gestión en el gobierno de Evo Morales.
Ortiz explicó que en Bolivia se han violado los derechos de todo un pueblo, como el de Pando, donde "hay exiliados, hay gente detenida sin un proceso, se han tomado las instituciones, se ha asesinado impunemente en el aeropuerto de Cobija y hubo confrontación dirigida y financiada por el Gobierno".
Al respecto, Llorenti alertó que la oposición utiliza el escenario internacional para ‘electoralizar’ sus demandas y aseguró que el Gobierno de Morales es el que más ha respetado los derechos humanos en Bolivia; al final, ambos bandos invitaron a la CIDH a visitar el país.
Grupos y temas en cuestión
- Equipos. Por el grupo opositor se presentaron ayer ante la CIDH los senadores Óscar Ortiz, Luis Vásquez y Róger Pinto, además del ex presidente del Tribunal Constitucional Wilman Durán y los asesores Jorge Asbún y Rubén Darío Cuéllar. Por el Gobierno fue Sacha Llorenti y el embajador de Bolivia en Estados Unidos. - Defensa. El ex presidente del Tribunal Constitucional Wilman Durán se esforzó en la defensa del ex líder cívico Branko Marinkovic, a quien considera un perseguido político del Gobierno; sin embargo, uno de los relatores que lo escuchó le pidió que aclare si iba a defender a una persona o si la representación era de temas generales. - Debilidades. El Gobierno reconoce que la retardación de justicia, la corrupción y la participación de la mujer son tres debilidades en las que pone el mayor empeño para superarlas. Desde La Paz, el diputado Jorge Silva (MAS) aseguró que fue el Gobierno el que instauró el "pleno respeto a la vigencia de los derechos humanos".- Candidato. Uno de los puntos que Sacha Llorenti dejó claro es que la oposición tiene afanes electoralistas y que el presidente del Senado, Óscar Ortiz, es candidato por un frente político. El viceministro también prometió al organismo internacional aplicar una política de puertas abiertas a los observadores.- Formal. Ante la promesa oficial, la presidenta Luz Patricia Mejía le tomó la palabra y pidió a Llorenti que formalice su intención enviando una carta sellada a su despacho.
La actuación de la CIDH es imparcialHugo Siles / InternacionalistaEn una jornada en que tanto la comitiva del Gobierno como los líderes de oposición tuvieron la oportunidad de dar su versión, sin duda que lo más destacable es la apertura de un organismo internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.El año pasado se dio la primera muestra de apertura y seriedad por parte de la OEA, cuando recibió al grupo de prefectos opositores al Gobierno, y este año se vuelve a dar a nivel de CIDH con los legisladores que consideran que el oficialismo vulnera la democracia y viola los derechos humanos.Pero, más allá de las denuncias de ambos bandos, lo importante es que la CIDH tiene clara la figura que el proceso electoral interno alienta la pugna Gobierno-oposición y, con seguridad, emitirá un informe o enviará una comisión a Bolivia a fin de año, después de que se realicen las elecciones generales.Normalmente, este tipo de situaciones la CIDH no las resuelve de un día para otro. Todavía hay que esperar la visita de una comisión, pero lo más importante es que le ha tomado la palabra al Gobierno sobre la invitación y la política de puertas abiertas de forma permanente.
Una comitiva, encabezada por el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, se presentó ayer en Washington (Estados Unidos) ante la CIDH para rendir examen sobre las recomendaciones realizadas en el informe emitido en 2006, sobre el acceso a la justicia y la inclusión social.
En el mismo escenario, un grupo de parlamentarios opositores, liderados por el presidente del Senado, Óscar Ortiz, denunció que el Gobierno del MAS comete abusos al sistema democrático y consuma violaciones a los derechos humanos. La oportunidad fue aprovechada por Ortiz para invitar al organismo internacional a que visite el país y compruebe las denuncias.
Presidida por Luz Patricia Mejía y secundada por los relatores Felipe González y Florentín Meléndez, la CIDH pidió al enviado del Gobierno que explique por qué no se ha repuesto la institucionalidad del Poder Judicial, sustentada en el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio Público.
Al respecto, Llorenti reconoció el retraso, pero apuntó a los opositores de frenar el proceso de nombramiento de las autoridades del Poder Judicial, debido a los cálculos políticos y la vieja forma de cuoteo partidario que hoy se manifiesta en el Senado. “La nueva Carta Magna de Bolivia establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional, que sesionará desde enero, tiene 180 días para aprobar un conjunto de leyes que solucionará éste y otros problemas que vive el país”, justificó el viceministro.
Para citar un dato, la retardación de justicia afecta a tres cuartas partes de la población penitenciaria que hay en Bolivia. Llorenti también enumeró las acciones del Gobierno que permiten mostrar los avances, en relación con las recomendaciones de la CIDH, en su informe presentado hace tres años.
La apertura de casas de justicia, el saneamiento de más de 20 millones de hectáreas de tierra, las gestiones ante Estados Unidos y Perú para lograr la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros, la disminución de la pobreza en el orden del 5% en tres años y el incremento del 10% en acceso a agua potable y saneamiento básico, entre otros, son puntos que el Gobierno se apuntó a favor.
Antes de la participación de Llorenti habló ante la CIDH el titular del Senado, Óscar Ortiz, para denunciar la violación a la Carta Democrática y de los derechos humanos de los líderes de la oposición y autonomistas, y por las muertes y ejecuciones que se dieron en la gestión en el gobierno de Evo Morales.
Ortiz explicó que en Bolivia se han violado los derechos de todo un pueblo, como el de Pando, donde "hay exiliados, hay gente detenida sin un proceso, se han tomado las instituciones, se ha asesinado impunemente en el aeropuerto de Cobija y hubo confrontación dirigida y financiada por el Gobierno".
Al respecto, Llorenti alertó que la oposición utiliza el escenario internacional para ‘electoralizar’ sus demandas y aseguró que el Gobierno de Morales es el que más ha respetado los derechos humanos en Bolivia; al final, ambos bandos invitaron a la CIDH a visitar el país.
Grupos y temas en cuestión
- Equipos. Por el grupo opositor se presentaron ayer ante la CIDH los senadores Óscar Ortiz, Luis Vásquez y Róger Pinto, además del ex presidente del Tribunal Constitucional Wilman Durán y los asesores Jorge Asbún y Rubén Darío Cuéllar. Por el Gobierno fue Sacha Llorenti y el embajador de Bolivia en Estados Unidos. - Defensa. El ex presidente del Tribunal Constitucional Wilman Durán se esforzó en la defensa del ex líder cívico Branko Marinkovic, a quien considera un perseguido político del Gobierno; sin embargo, uno de los relatores que lo escuchó le pidió que aclare si iba a defender a una persona o si la representación era de temas generales. - Debilidades. El Gobierno reconoce que la retardación de justicia, la corrupción y la participación de la mujer son tres debilidades en las que pone el mayor empeño para superarlas. Desde La Paz, el diputado Jorge Silva (MAS) aseguró que fue el Gobierno el que instauró el "pleno respeto a la vigencia de los derechos humanos".- Candidato. Uno de los puntos que Sacha Llorenti dejó claro es que la oposición tiene afanes electoralistas y que el presidente del Senado, Óscar Ortiz, es candidato por un frente político. El viceministro también prometió al organismo internacional aplicar una política de puertas abiertas a los observadores.- Formal. Ante la promesa oficial, la presidenta Luz Patricia Mejía le tomó la palabra y pidió a Llorenti que formalice su intención enviando una carta sellada a su despacho.
La actuación de la CIDH es imparcialHugo Siles / InternacionalistaEn una jornada en que tanto la comitiva del Gobierno como los líderes de oposición tuvieron la oportunidad de dar su versión, sin duda que lo más destacable es la apertura de un organismo internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.El año pasado se dio la primera muestra de apertura y seriedad por parte de la OEA, cuando recibió al grupo de prefectos opositores al Gobierno, y este año se vuelve a dar a nivel de CIDH con los legisladores que consideran que el oficialismo vulnera la democracia y viola los derechos humanos.Pero, más allá de las denuncias de ambos bandos, lo importante es que la CIDH tiene clara la figura que el proceso electoral interno alienta la pugna Gobierno-oposición y, con seguridad, emitirá un informe o enviará una comisión a Bolivia a fin de año, después de que se realicen las elecciones generales.Normalmente, este tipo de situaciones la CIDH no las resuelve de un día para otro. Todavía hay que esperar la visita de una comisión, pero lo más importante es que le ha tomado la palabra al Gobierno sobre la invitación y la política de puertas abiertas de forma permanente.
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