Senado denuncia incesante violación del gobierno a los derechos humanos
LA PAZEl presidente del Senado, Oscar Ortiz, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Huamanos, la incesante violación del gobierno bolivianos a los derechos huamnos.
En carta enviada a la Comisión Ortiz hace notar que en la misiva se intenta plasmar la profunda preocupación que los embarga ante el "acelerado deterioro de los derechos humanos en Bolivia".
Las evidencias de la decisión gubernamental de someter al Congreso a las decisiones del Poder Ejecutivo, son incuestionables. Los atentados al libre ejercicio de la función legislativa de Diputados y Senadores de la República que comprenden a su vez violaciones a sus derechos a la libertad y la integridad, se han sucedido en forma casi cotidiana, dice Ortiz
Añade que la práctica más perniciosa que se ha empleado contra el Congreso Nacional en al menos cinco oportunidades, ha sido la de los "Cercos humanos al edificio del Poder Legislativo" para evitar el ingreso al Hemiciclo o la salida de los legisladores del recinto Parlamentario y ha servido para aprobar ilegal e inconstitucionalmente varias normas consideradas fundamentales para el proyecto de poder del gobierno y resistidas legal y democráticamente por los opositores.
Destaca el uso discrecional de la justicia por parte del gobierno, para acallar a sus opositores, el incumplimiento de debida diligencia a la que se encuentra obligado, ha determinado que, en lo que va del período de gobierno del presidente Morales se han lamentado 74 muertes, centenares de heridos, torturas, secuestros e innumerables violaciones de los derechos humanos, la mayoría de estos casos no han sido investigados y menos se ha procesado a los autores.
Ortiz dice que ahonda su preocupación los casos de probables ejecuciones sumarias por acción de los órganos represivos del Estado. En los casos denunciados no se ha llevado el correspondiente proceso investigativo a los probables autores. Las ejecuciones en aplicación de la llamada "justicia comunitaria" han ido en incremento ante la tolerancia gubernamental que garantiza la impunidad.
Bajo el supuesto de combatir un pretendido foco terrorista, el gobierno ha dictado una serie de medidas inconstitucionales y ha desarrollado acciones ilegales, destinadas a perseguir a ciudadanos, violando flagrantemente sus derechos humanos. Secuestros, detenciones ilegales, torturas físicas y psicológicas y ejecuciones sumarias, se han sucedido de manera alarmante.
Finalmente la persecución se ha extendido contra el movimiento cívico en nuestro país en el cual sus máximos dirigentes han sido objeto de juicios, de campañas mediáticas millonarias para destruir su imagen, acciones que tienen por objeto reprimir cualquier forma de manifestación que se podría dar en contra del gobierno.
Las acciones del Senado no están destinadas a dejar en la impunidad los supuestos hechos delictivos que aduce el gobierno. Al contrario, lo que se pretende es el total esclarecimiento de esos hechos, empero ello solo es posible, si se cumplen las garantías y derechos establecidos en el orden constitucional, porque de otra manera, lo que en realidad está sucediendo es que el Estado, haciendo uso de la potestad de represión, impide una investigación imparcial de los mismos.
Ortiz dice que confían en que la oportuna acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los otros organismos internacionales destinados a velar por el celoso cumplimiento de la vigencia de los derechos humanos, obligarán al gobierno boliviano a desarrollar acciones efectivas para restituir el Estado Democrático de Derecho, la seguridad jurídica y la plena vigencia de los Derechos Humanos en nuestro país.
Para lograr este cometido, es menester imprescindible que el Estado boliviano someta los casos aquí mencionados a una investigación independiente e imparcial realizada por comisiones técnicas internacionales, dice la nota entregada a la Comisión en Estados Unidos.
En carta enviada a la Comisión Ortiz hace notar que en la misiva se intenta plasmar la profunda preocupación que los embarga ante el "acelerado deterioro de los derechos humanos en Bolivia".
Las evidencias de la decisión gubernamental de someter al Congreso a las decisiones del Poder Ejecutivo, son incuestionables. Los atentados al libre ejercicio de la función legislativa de Diputados y Senadores de la República que comprenden a su vez violaciones a sus derechos a la libertad y la integridad, se han sucedido en forma casi cotidiana, dice Ortiz
Añade que la práctica más perniciosa que se ha empleado contra el Congreso Nacional en al menos cinco oportunidades, ha sido la de los "Cercos humanos al edificio del Poder Legislativo" para evitar el ingreso al Hemiciclo o la salida de los legisladores del recinto Parlamentario y ha servido para aprobar ilegal e inconstitucionalmente varias normas consideradas fundamentales para el proyecto de poder del gobierno y resistidas legal y democráticamente por los opositores.
Destaca el uso discrecional de la justicia por parte del gobierno, para acallar a sus opositores, el incumplimiento de debida diligencia a la que se encuentra obligado, ha determinado que, en lo que va del período de gobierno del presidente Morales se han lamentado 74 muertes, centenares de heridos, torturas, secuestros e innumerables violaciones de los derechos humanos, la mayoría de estos casos no han sido investigados y menos se ha procesado a los autores.
Ortiz dice que ahonda su preocupación los casos de probables ejecuciones sumarias por acción de los órganos represivos del Estado. En los casos denunciados no se ha llevado el correspondiente proceso investigativo a los probables autores. Las ejecuciones en aplicación de la llamada "justicia comunitaria" han ido en incremento ante la tolerancia gubernamental que garantiza la impunidad.
Bajo el supuesto de combatir un pretendido foco terrorista, el gobierno ha dictado una serie de medidas inconstitucionales y ha desarrollado acciones ilegales, destinadas a perseguir a ciudadanos, violando flagrantemente sus derechos humanos. Secuestros, detenciones ilegales, torturas físicas y psicológicas y ejecuciones sumarias, se han sucedido de manera alarmante.
Finalmente la persecución se ha extendido contra el movimiento cívico en nuestro país en el cual sus máximos dirigentes han sido objeto de juicios, de campañas mediáticas millonarias para destruir su imagen, acciones que tienen por objeto reprimir cualquier forma de manifestación que se podría dar en contra del gobierno.
Las acciones del Senado no están destinadas a dejar en la impunidad los supuestos hechos delictivos que aduce el gobierno. Al contrario, lo que se pretende es el total esclarecimiento de esos hechos, empero ello solo es posible, si se cumplen las garantías y derechos establecidos en el orden constitucional, porque de otra manera, lo que en realidad está sucediendo es que el Estado, haciendo uso de la potestad de represión, impide una investigación imparcial de los mismos.
Ortiz dice que confían en que la oportuna acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los otros organismos internacionales destinados a velar por el celoso cumplimiento de la vigencia de los derechos humanos, obligarán al gobierno boliviano a desarrollar acciones efectivas para restituir el Estado Democrático de Derecho, la seguridad jurídica y la plena vigencia de los Derechos Humanos en nuestro país.
Para lograr este cometido, es menester imprescindible que el Estado boliviano someta los casos aquí mencionados a una investigación independiente e imparcial realizada por comisiones técnicas internacionales, dice la nota entregada a la Comisión en Estados Unidos.
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