La suspensión de la alcaldesa de Sucre es cuestión de días

Proceso. Ministerio Público emitió requerimiento contra Aydeé Nava

Correo del Sur. Sucre

La alcaldesa de Sucre, Aydeé Nava, confirmó ayer lo que su principal opositor, el concejal Edmundo Yucra, se encargó de divulgar por todos los medios de comunicación: la inminente suspensión de la ejecutiva municipal. No hay vuelta que darle. La municipalidad de Sucre cambiará de alcalde hasta el lunes de la próxima semana, o incluso antes.
Es lo que corresponde tras conocerse el requerimiento acusatorio, emitido ayer por el Ministerio Público, en el que se acusa a la alcaldesa Nava de “conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes”, referido al caso de las 80 mil bolsas de cemento. Según explicó el titular del Concejo Municipal, Dennis Cuno, es la aplicación del artículo 48 la Ley de Municipalidades.
Ese artículo establece que “el alcalde municipal será suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones y las de concejal por existir en su contra auto de procesamiento ejecutoriado”. En este caso, no se trata de un auto de procesamiento ejecutoriado, sino, más bien, de un requerimiento acusatorio, que es equivalente al primero, según la titular de la oficina regional del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Verónica Castillo. Por esa razón, la alcaldesa deberá ser suspendida, una vez que el pleno del Concejo reciba y analice el requerimiento acusatorio.
Ayer, el juez cautelar de la capital, Iván Sandóval, procedió al sorteo del tribunal de sentencia que se hará cargo del juicio de la alcaldesa Nava. El mismo recayó en el Tribunal de Sentencia II, de la Corte Superior, compuesto por los jueces Ramiro Quiroga y Erlinda Bustillo.
Lo que sigue, en las próximas 48 horas, es la notificación al querellante. En este caso, al diputado oficialista Wilber Flores. Luego vendrá la notificación a la acusada, la alcaldesa Aydeé Nava. Ambos tienen 10 días para presentar cargos, en el primer caso, y descargos, en el segundo.
Luego, el Tribunal de Sentencia tiene un plazo de 40 días para fijar fecha y hora del inicio del juicio.

Nava señala que proceso es político y acusa al MAS
La alcaldesa Aydeé Nava aseguró ayer que detrás de todo el proceso que le sigue la justicia, por las 80 mil bolsas de cemento, está el MAS. “Esto es político”, remarcó.
“No hay ningún daño económico, nadie se ha llevado una bolsa de cemento. Las juntas vecinales saben eso”, declaró. “Es más, hemos comprado con cinco bolivianos menos, cada bolsa. Hemos ahorrado dinero y las obras están ahí”, insistió.
Sobre su cargo como presidenta del Comité Organizador de los VXI Juegos Bolivarianos, dijo que no habrá problemas, puesto que ese cargo no es institucional, sino personal. Eso sí, ya no fungirá como alcaldesa.
Ante la inminente suspensión de la alcaldesa, los opositores comenzaron ayer a ‘frotarse las manos’. En teoría, actualmente, el bloque opositor tiene cinco votos de los once posibles en el Concejo. La unidad del bloque oficialista, entre tanto, no está en su mejor momento. Así que todo puede pasar.

Gobierno admite fallas en acceso a la justicia

El Gobierno nacional reconoció ayer, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el acceso a la justicia y la inclusión social todavía son un proceso lento en Bolivia y atribuyó a grupos minoritarios el bloqueo de varias iniciativas gubernamentales. En compensación, planteó que las falencias serán enmendadas cuando la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe un conjunto de leyes, acordes con la nueva Constitución Política del Estado.
Una comitiva, encabezada por el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, se presentó ayer en Washington (Estados Unidos) ante la CIDH para rendir examen sobre las recomendaciones realizadas en el informe emitido en 2006, sobre el acceso a la justicia y la inclusión social.
En el mismo escenario, un grupo de parlamentarios opositores, liderados por el presidente del Senado, Óscar Ortiz, denunció que el Gobierno del MAS comete abusos al sistema democrático y consuma violaciones a los derechos humanos. La oportunidad fue aprovechada por Ortiz para invitar al organismo internacional a que visite el país y compruebe las denuncias.
Presidida por Luz Patricia Mejía y secundada por los relatores Felipe González y Florentín Meléndez, la CIDH pidió al enviado del Gobierno que explique por qué no se ha repuesto la institucionalidad del Poder Judicial, sustentada en el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio Público.
Al respecto, Llorenti reconoció el retraso, pero apuntó a los opositores de frenar el proceso de nombramiento de las autoridades del Poder Judicial, debido a los cálculos políticos y la vieja forma de cuoteo partidario que hoy se manifiesta en el Senado. “La nueva Carta Magna de Bolivia establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional, que sesionará desde enero, tiene 180 días para aprobar un conjunto de leyes que solucionará éste y otros problemas que vive el país”, justificó el viceministro.
Para citar un dato, la retardación de justicia afecta a tres cuartas partes de la población penitenciaria que hay en Bolivia. Llorenti también enumeró las acciones del Gobierno que permiten mostrar los avances, en relación con las recomendaciones de la CIDH, en su informe presentado hace tres años.
La apertura de casas de justicia, el saneamiento de más de 20 millones de hectáreas de tierra, las gestiones ante Estados Unidos y Perú para lograr la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros, la disminución de la pobreza en el orden del 5% en tres años y el incremento del 10% en acceso a agua potable y saneamiento básico, entre otros, son puntos que el Gobierno se apuntó a favor.
Antes de la participación de Llorenti habló ante la CIDH el titular del Senado, Óscar Ortiz, para denunciar la violación a la Carta Democrática y de los derechos humanos de los líderes de la oposición y autonomistas, y por las muertes y ejecuciones que se dieron en la gestión en el gobierno de Evo Morales.
Ortiz explicó que en Bolivia se han violado los derechos de todo un pueblo, como el de Pando, donde "hay exiliados, hay gente detenida sin un proceso, se han tomado las instituciones, se ha asesinado impunemente en el aeropuerto de Cobija y hubo confrontación dirigida y financiada por el Gobierno".
Al respecto, Llorenti alertó que la oposición utiliza el escenario internacional para ‘electoralizar’ sus demandas y aseguró que el Gobierno de Morales es el que más ha respetado los derechos humanos en Bolivia; al final, ambos bandos invitaron a la CIDH a visitar el país.
Grupos y temas en cuestión
- Equipos. Por el grupo opositor se presentaron ayer ante la CIDH los senadores Óscar Ortiz, Luis Vásquez y Róger Pinto, además del ex presidente del Tribunal Constitucional Wilman Durán y los asesores Jorge Asbún y Rubén Darío Cuéllar. Por el Gobierno fue Sacha Llorenti y el embajador de Bolivia en Estados Unidos. - Defensa. El ex presidente del Tribunal Constitucional Wilman Durán se esforzó en la defensa del ex líder cívico Branko Marinkovic, a quien considera un perseguido político del Gobierno; sin embargo, uno de los relatores que lo escuchó le pidió que aclare si iba a defender a una persona o si la representación era de temas generales. - Debilidades. El Gobierno reconoce que la retardación de justicia, la corrupción y la participación de la mujer son tres debilidades en las que pone el mayor empeño para superarlas. Desde La Paz, el diputado Jorge Silva (MAS) aseguró que fue el Gobierno el que instauró el "pleno respeto a la vigencia de los derechos humanos".- Candidato. Uno de los puntos que Sacha Llorenti dejó claro es que la oposición tiene afanes electoralistas y que el presidente del Senado, Óscar Ortiz, es candidato por un frente político. El viceministro también prometió al organismo internacional aplicar una política de puertas abiertas a los observadores.- Formal. Ante la promesa oficial, la presidenta Luz Patricia Mejía le tomó la palabra y pidió a Llorenti que formalice su intención enviando una carta sellada a su despacho.
La actuación de la CIDH es imparcialHugo Siles / InternacionalistaEn una jornada en que tanto la comitiva del Gobierno como los líderes de oposición tuvieron la oportunidad de dar su versión, sin duda que lo más destacable es la apertura de un organismo internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.El año pasado se dio la primera muestra de apertura y seriedad por parte de la OEA, cuando recibió al grupo de prefectos opositores al Gobierno, y este año se vuelve a dar a nivel de CIDH con los legisladores que consideran que el oficialismo vulnera la democracia y viola los derechos humanos.Pero, más allá de las denuncias de ambos bandos, lo importante es que la CIDH tiene clara la figura que el proceso electoral interno alienta la pugna Gobierno-oposición y, con seguridad, emitirá un informe o enviará una comisión a Bolivia a fin de año, después de que se realicen las elecciones generales.Normalmente, este tipo de situaciones la CIDH no las resuelve de un día para otro. Todavía hay que esperar la visita de una comisión, pero lo más importante es que le ha tomado la palabra al Gobierno sobre la invitación y la política de puertas abiertas de forma permanente.

Bignone empezó a ser juzgado por crímenes de lesa humanidad

Este juicio es considerado uno de los más esperados por la comunidad y por organismos de derechos humanos

Bignone empezó a ser juzgado por crímenes de lesa humanidad
Bignone empezó a ser juzgado por crímenes de lesa humanidad
Bignone es juzgado junto a otros cinco generales y un comisario bonaerense, acusados de 58 secuestros, desapariciones y tormentos cometidos hace tres décadas en Campo de Mayo, el mayor centro clandestino de detención del país. Julio Alak presenció el proceso y afirmó que "se trata de uno de los juicios más esperados".
Centenares de familiares levantaron las fotos de las víctimas apenas los imputados ingresaron en fila a la sala de audiencias, donde se destacaba la presencia del ministro de Justicia, Julio Alak, y miembros de organismos de derechos humanos, entre ellos Taty Almeida, Angela Boitano e HIJOS.
"Se trata de uno de los juicios mas esperados por la comunidad y por los organismos de derechos humanos, por la magnitud de lo crímenes allí cometidos", dijo Alak, quien se declaró interesado "personalmente" por haber patrocinado, tras la restauración democrática, denuncias de enterramientos clandestinos en le cementerio de Boulogne.
En los alrededores de tinglado de la localidad de Florida, conseguido a último momento por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín para sesionar, un centenar de manifestantes de la Corriente 26 de Julio, y el PC agitaban banderas.
A último momento fue excluido del juzgamiento el ex jefe de la escuela de ingenieros, Eduardo Alfredo Espósito, a quien el tribunal declaró "sin las facultades mentales plenas", aunque recomendó rehacer las pericias en seis meses.
En cambio, solo autorizó a abandonar la audiencia por la jornada inicial al ex jefe de inteligencia, Fernando Verplaetsen, afectado por un "cuadro de diarreas" con certificado médico.
Los restantes acusados son los ya condenados generales Jorge Omar Riveros, que fue jefe del Comando de Instituto Militares de Campo de Mayo, y Jorge Osvaldo García, que comandó la escuela de infantería; el ex jefe de la inteligencia militar Carlos Tepedino, y Eugenio Guañabens Perelló, ex director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate "General Lemos".
Este es el segundo juicio donde se ventilan delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, donde funcionaron al menos cuatro centros clandestinos de detención de los cuales, a diferencia de la ESMA, hubo muy pocos sobrevivientes, la mayoría de los cuales comenzará a testimoniar en los próximos días.
Los primeros casos leídos hoy referían a detenidos que lograron identificar su lugar de cautiverio a los conocidos como "El Campito" y La Casita", de donde fueron "blanqueados" en la comisaría de Bella Vista, a cargo del también imputado comisario Germán Montenegro.
El TOF 1de San Martín, que integran jueces Marta Isabel Milloc, Héctor Sagretti, Daniel Alberto Cisneros y Lidia Soto (sustituto), sesionará los martes, miércoles y jueves, con un máximo de cinco horas, para preservar la salud de los acusados, en su mayoría octogenarios que tras eludir la justicia durante tres décadas, llegan al juicio bajo el régimen atenuado de prisión preventiva domiciliaria.

Senado denuncia incesante violación del gobierno a los derechos humanos

Demandan al gobierno restituir el Estado Democrático de Derecho, la seguridad jurídica y la plena vigencia de los Derechos Humanos en Bolivia
Senado denuncia incesante violación del gobierno a los derechos humanos

LA PAZEl presidente del Senado, Oscar Ortiz, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Huamanos, la incesante violación del gobierno bolivianos a los derechos huamnos.
En carta enviada a la Comisión Ortiz hace notar que en la misiva se intenta plasmar la profunda preocupación que los embarga ante el "acelerado deterioro de los derechos humanos en Bolivia".
Las evidencias de la decisión gubernamental de someter al Congreso a las decisiones del Poder Ejecutivo, son incuestionables. Los atentados al libre ejercicio de la función legislativa de Diputados y Senadores de la República que comprenden a su vez violaciones a sus derechos a la libertad y la integridad, se han sucedido en forma casi cotidiana, dice Ortiz
Añade que la práctica más perniciosa que se ha empleado contra el Congreso Nacional en al menos cinco oportunidades, ha sido la de los "Cercos humanos al edificio del Poder Legislativo" para evitar el ingreso al Hemiciclo o la salida de los legisladores del recinto Parlamentario y ha servido para aprobar ilegal e inconstitucionalmente varias normas consideradas fundamentales para el proyecto de poder del gobierno y resistidas legal y democráticamente por los opositores.
Destaca el uso discrecional de la justicia por parte del gobierno, para acallar a sus opositores, el incumplimiento de debida diligencia a la que se encuentra obligado, ha determinado que, en lo que va del período de gobierno del presidente Morales se han lamentado 74 muertes, centenares de heridos, torturas, secuestros e innumerables violaciones de los derechos humanos, la mayoría de estos casos no han sido investigados y menos se ha procesado a los autores.
Ortiz dice que ahonda su preocupación los casos de probables ejecuciones sumarias por acción de los órganos represivos del Estado. En los casos denunciados no se ha llevado el correspondiente proceso investigativo a los probables autores. Las ejecuciones en aplicación de la llamada "justicia comunitaria" han ido en incremento ante la tolerancia gubernamental que garantiza la impunidad.
Bajo el supuesto de combatir un pretendido foco terrorista, el gobierno ha dictado una serie de medidas inconstitucionales y ha desarrollado acciones ilegales, destinadas a perseguir a ciudadanos, violando flagrantemente sus derechos humanos. Secuestros, detenciones ilegales, torturas físicas y psicológicas y ejecuciones sumarias, se han sucedido de manera alarmante.
Finalmente la persecución se ha extendido contra el movimiento cívico en nuestro país en el cual sus máximos dirigentes han sido objeto de juicios, de campañas mediáticas millonarias para destruir su imagen, acciones que tienen por objeto reprimir cualquier forma de manifestación que se podría dar en contra del gobierno.
Las acciones del Senado no están destinadas a dejar en la impunidad los supuestos hechos delictivos que aduce el gobierno. Al contrario, lo que se pretende es el total esclarecimiento de esos hechos, empero ello solo es posible, si se cumplen las garantías y derechos establecidos en el orden constitucional, porque de otra manera, lo que en realidad está sucediendo es que el Estado, haciendo uso de la potestad de represión, impide una investigación imparcial de los mismos.
Ortiz dice que confían en que la oportuna acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los otros organismos internacionales destinados a velar por el celoso cumplimiento de la vigencia de los derechos humanos, obligarán al gobierno boliviano a desarrollar acciones efectivas para restituir el Estado Democrático de Derecho, la seguridad jurídica y la plena vigencia de los Derechos Humanos en nuestro país.
Para lograr este cometido, es menester imprescindible que el Estado boliviano someta los casos aquí mencionados a una investigación independiente e imparcial realizada por comisiones técnicas internacionales, dice la nota entregada a la Comisión en Estados Unidos.

La institucionalidad cruceña confirma su división

La institucionalidad cruceña confirma su división
La Calle
¿Quién gana con la evidente división que vive en este momento la institucionalidad cruceña? No hay dudas que Evo Morales, quien hace tiempo asumió que para reinar hay que dividir, como se lo aconseja su libro de cabecera “El Arte de la Guerra”, obsequiado por el vicepresidente Álvaro García Linera en uno de sus anteriores cumpleaños.
De a poco se confirma la fragmentación de la élite hegemónica cruceña y cada vez es más fuerte el reproche que surge del seno del Comité pro Santa Cruz a los que hasta hace poco acataban casi disciplinadamente el mandato que surgía desde la institucionalidad cruceña.
¿Qué está pasando? Lo que está sucediendo es que los sectores posiblemente más pragmáticos del poder cruceño se han dado cuenta de que insistir en la línea de la confrontación política con el Gobierno les puede directamente marcar la defunción, por lo que prefieren aceptar el plan de convivencia que les está ofreciendo el MAS para no hacerlos desaparecer después del 6 de diciembre. Negocios son negocios, parece ser la consigna de algunos sectores, que han decidido distanciarse o, al menos, no escuchar la instructiva cívica de evitar los acuerdos con quienes han golpeado permanentemente a los grupos de poder del departamento.
Luis Núñez lanzó abiertamente el desafío de excluir del Comité pro Santa Cruz a quienes rompan las viejas reglas del juego o a los que se desmarquen de la línea cívica. Si antes los combatidos por la institucionalidad eran los de afuera, o sea los que se convertían en amenaza con sus críticas al modelo cruceño, ahora los combatidos son los de adentro y nada menos que los que casi siempre dieron las instructivas, es decir, el sector empresarial y los conductores de las cooperativas.
El primero en salirse de la raya trazada fue el presidente de la Cainco, Eduardo Paz, a quien amenazaron con incluir en la lista de “traidores de Santa Cruz”. Gran novedad que un poderoso dirigente empresarial pueda ser sentenciado como “enemigo” de la cruceñidad, ya que antes siempre los condenados fueron los críticos del sistema, generalmente opinadores, periodistas o algunos políticos locales contestatarios.
Fue la primera gran señal de división, desnudada nada menos que en la semana del 24 de septiembre, por un tema tal vez irrelevante o de forma como la invitación que hizo la Cainco al presidente de la República para que asista a la Expocruz.
Se sabe que para resolver la crisis, la gente del Comité pro Santa Cruz y la de la Cainco negociaron varias horas para evitar una catástrofe la noche de la Asamblea de la Cruceñidad, en la que Núñez renunciaría si no recibía el apoyo de la institucionalidad.
Pese a que el terremoto al final no se dio, la crisis interna ha incubado un cisma, ya que Núñez no volvió a hablar más con el máximo ejecutivo de la Cainco. El representante cívico había chocado ya frontalmente antes con la dirigencia de la Anapo, otra entidad agroempresarial muy poderosa, que fue la primera en desmarcarse de la institucionalidad cruceña y en buscar acuerdos con el Gobierno.
Núñez ha sido muy crítico con los empresarios, insinuando que posiblemente se han acercado al Gobierno para buscar un perdón judicial por las acusaciones del caso Rózsa. Es una revelación muy fuerte y comprometedora.
Pero el cisma se ha puesto en evidencia una vez más la última semana de octubre, al conocerse casi accidentalmente una supuesta “reunión secreta” del Vicepresidente Álvaro García Linera con ejecutivos de CRE y de Saguapac.
La reacción cívica ha sido inmediata, insinuando que se estarían buscando acuerdos entre “gallos y medianoche”, resignando la batalla contra los que atacaron al departamento. Igual de rápida ha sido la respuesta de ejecutivos de las dos cooperativas, que justificaron su participación al tratarse sólo de una cita de alcance técnico. ¿Convence la explicación? Al menos quedan dudas sobre la oportunidad de la reunión.
La cita se hizo nada menos que un mes antes de las elecciones presidenciales, cuando el Gobierno insiste en mostrar estratégicamente que de a poco gana espacio en el territorio cruceño. Hilando fino, hasta se podría concluir que el Vicepresidente consiguió su objetivo táctico de atraer a los directivos de estas cooperativas para provocar la reacción de otro grupo de la institucionalidad cruceña y poner en evidencia que el cisma en el poder local ya es una realidad. ¿Cayeron en la trampa garcialinerista las dos cooperativas? El tiempo y los hechos lo dirán.
Mientras eso sucedía en la semana, en la noche de celebración de los 59 años del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez volvió a golpear con dureza a los sectores que se le vienen desmarcando y señaló que siempre los denunciará y condenará. Crisis evidente, como lo refleja el propio discurso del presidente cívico que ha llamado a la institucionalidad a “reagruparse y buscar la unidad” para combatir otra vez al enemigo externo.
Clara constatación de que hay división y que por ahora el mayor dolor de cabeza de la institucionalidad cruceña ya no es sólo el proyecto evista, sino los desmarques y los amarres de quienes hasta hace poco eran la base estructural del Comité Cívico: los líderes empresariales y los ejecutivos de las cooperativas de servicios públicos. Mientras tanto, Morales y su proyecto siguen, al parecer, con su avance en el territorio enemigo con la vieja consigna: divide y reinarás.

¿Vuelven los caudillos a Latinoamérica?

Vuelven los caudillos a Latinoamérica?
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En esta fotografía de archivo del 29 de junio del 2009, el presidente boliviano Evo Morales, izquierda; el derrocado presidente hondureño Manuel Zelaya, segundo de izquierda a derecha; el presidente nicaragüense Daniel Ortega, al centro; el presidente venezolano Hugo Chávez, cuarto de izquierda a derecha, y el presidente ecuatoriano Rafael Correa posan para una foto en Managua.
Arnulfo Franco, archivo / AP foto
Foto
Por ALEXANDRA OLSON
The Associated Press
MEXICO -- Horrorizados por los excesos de las dictaduras, los latinoamericanos le dieron la espalda a los gobiernos autocráticos a fines del siglo XX y fijaron límites al tiempo que los políticos pueden permanecer en el poder.
Ahora, una nueva ola de presidentes muy populares trata de anular esos límites, aduciendo que impiden las reformas profundas. A medida que más y más países autorizan a sus líderes a permanecer en el poder, crece el temor de que se esté volviendo a la era de los caudillos y la oposición apela a todos los recursos a su alcance para impedirlo, desde tirar huevos hasta orquestar golpes de Estado.
"Es un nuevo modelo político, que yo describo como dictaduras de baja intensidad", expresó Manuel Orozco, analista de Diálogo Interamericano, un organismo con sede en Washington.
Las maniobras para permitir la reelección del presidente Manuel Zelaya fueron lo que motivaron el golpe de junio en Honduras. Zelaya niega haber intentado mantenerse en el poder una vez cumplido su mandato.
Poco después la Corte Suprema de Nicaragua autorizó al presidente Daniel Ortega a buscar la reelección cuantas veces quiera. La oposición le tiró huevos al juez que manejó el asunto.
Escenas similares se vivieron a lo largo de la última década en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Colombia, cuyos líderes han logrado importantes progresos en la lucha contra males como la violencia o la pobreza, pero son acusados de acallar a la oposición.
El presidente venezolano Hugo Chávez ha invertido liberalmente la riqueza que genera el petróleo en la educación, la salud y subsidios alimenticios para los pobres. También cerró medios de prensa que critican su gobierno y usó la mayoría que tiene en el Congreso para quitarle poder a los gobernadores y alcaldes de la oposición.
Para mucha gente, no obstante, la inquietud ante esta nueva oleada de caudillos no es tan grande como el malestar que generan la corrupción y la ineficacia de numerosas democracias.
Chávez se dio a conocer al orquestar un fallido golpe de Estado en 1992. Sin embargo, lejos de escandalizarse ante este ataque a una democracia de 30 años, muchos venezolanos consideraron al joven militar como un héroe por tratar de derrocar a un presidente acusado de robar millones de dólares del erario público.
Seis años después, Chavez fue elegido presidente en forma abrumadora. Y en diciembre, los venezolanos aprobaron un proyecto que permite al mandatario buscar la reelección cuantas veces quiera.
El boliviano Evo Morales y el ecuatoriano Rafael Correa -que al igual que Chávez son muy populares por sus esfuerzos por redistribuir la riqueza y darle voz a los pobres- ganaron también referendos que los autorizan a buscar un segundo mandato.
En Colombia, los partidarios de Alvaro Uribe no quieren que se vaya el mandatario, que es enormemente popular por la mano férrea con que combatió la violencia, especialmente la de la guerrilla izquierdista. Uribe logró una reforma constitucional que le permitió buscar un segundo mandato y algunos legisladores convocaron un referendo en el que se trata de autorizar un tercer período.

Gobierno califica de poco seria acusación de la ONG UnoAmérica contra Evo Morales - Jun 2009

Gobierno califica de poco seria denuncia contra Evo Morales de UnoAmerica ante CIDH Gobierno califica de "poco seria" denuncia contra Evo Morales de Unoamérica ante la CIDH La Paz, 24 jun (

Carlos Valverde muestra pruebas de Plan de Evo Morales contra el Oriente

PARTE I Carlos Valverde muestra pruebas de Plan de Evo Morales contra el Oriente



PARTE II Carlos Valverde muestra pruebas de Plan de Evo Morales contra el Oriente



PARTE III Carlos Valverde muestra pruebas de Plan de Evo Morales contra el Oriente

Kieffer revela la otra cara de Quintana

Kieffer revela la otra cara de Quintana
El ex ministro de Defensa, Fernando Kieffer, dejó una carta póstuma en la que recuerda a Juan Ramón Quintana su estrecha relación con los Banzer y el odio que les tenía a los izquierdistas. Opositores piden abrir una investigación.
Viernes, 8 de Mayo, 2009

Una carta póstuma escrita el 27 de enero del 2007 desde el penal de San Pedro, por el ex ministro de Defensa en la época de Banzer, Fernando Kieffer, quien murió el pasado miércoles, fue conocida ayer donde revela una conexión del actual ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, con la familia del ex presidente Banzer, de quienes habría recibido el poder, además le recuerda que como capitán bajo su mando le aconsejaba reprimir a la izquierda. Por su parte los parlamentarios del oficialismo y la oposición han pedido una investigación y el Gobierno intenta quitarle credibilidad a la carta insistiendo que no hay pruebas que haya sido escrita por el ex ministro. El dirigente de ADN ya con el cáncer avanzado le escribió a Quintana, a quien se dirige como “apreciado Juan Ramón” , señalando que fue parte del Gobierno de Banzer “Pasa el tiempo. Tu cercanía con la familia Banzer te ayudó, es evidente, a llegar muy pronto al estrellato, aunque tú y yo sabemos en qué nivel te encontrabas y la labor que cumplías”, dice en una de sus partes la misiva, que continúa señalando que Quintana debería compartir “la oscura celda” porque debe dar explicaciones sobre el desastre de Aiquile, Navieras-Yerko Garáfulic y la compra del avión Beechcraft, por el que Kieffer fue acusado por malversación y le recuerda sus experiencias en la Escuela de las Américas, donde aprendió a infiltrarse y penetrar.El jefe de Bancada de Podemos en la Cámara de Diputados, Bernardo Montenegro sostuvo que Kieffer confirmó la instrucción que recibió Quintana en la Escuela de las Américas (Estados Unidos) y su vínculo con el caso del terremoto en Aiquile, las Navieras de Yerko Garáfulic y la compra del avión Beechcraft."Ya es hora que Quintana diga su versión sobre estas denuncias que necesariamente deberán ser investigadas por la justicia en el caso de la compra dolosa del avión Beechcraft. Esto ratifica que Quintana es un oportunista", sostuvo.Por su parte, el diputado Javier Zabaleta (MSM-MAS) coincidió con su colega opositor, al considerar que es necesario la apertura de una investigación."Dadas las denuncias es necesario que el Ministro (Quintana) diga lo que conoce en este caso, sino cometería un delito de omisión y pondrían en tela de juicio sus actos", dijo el diputado, quien investigó el caso de contrabando de 33 camiones en el que también estuvo implicado Quintana.A su turno la diputada de Podemos, Lourdes Millares dijo que más allá de la "protección" de la que goza el ministro de la Presidencia, será importante iniciar una indagación para esclarecer cada una de las acciones realizas por Quintana cuando fue asesor del Ministerio de Defensa en las gestiones 1988 - 2002.Para el ministro de Defensa Legal Héctor Arce, no existe evidencia de que Fernando Kieffer haya dejado esa carta. "Es lamentable que se use el deseo de una persona para conseguir réditos políticos" agregó, mientras los parlamentarios señalaron que la familia de Kieffer deben corroborar su autenticidad / El Nuevo Día Y ANF
La carta
Corrupción• “Creo sinceramente que deberías compartir la oscura celda en la que he tenido que pasar muchas horas meditando. En realidad, no sólo Patricia y Ericka Banzer deberían comparecer, sino tal vez tú tengas mucho que explicar. Muchas cosas serían esclarecidas si el fiscal te llamara, aunque es difícil porque tienes el poder y lo estás usando como te enseñé.Despedida • Desde una oscura celda del panóptico nacional, quien fue y será siempre tu superior, aunque eventualmente estés inalcanzable, te llamé varias veces. Siembra vientos y cosecharás tempestades. Tu amigo y jefe. Fernando.