El Congreso peruano denuncia la triangulación de armamento a través de la empresa BTR, en enero de 2008. La Embajada de Venezuela en La Paz pagó $us 210 mil por 30 carabinas, ametralladoras TAC-700, 80 pistolas y otros, además de entrenamiento. El ministro Rada dijo que pedirá un informe.
Perú dice que Chávez compró equipos para Policía en EEUU (LA PRENSA)
UNA INVESTIGACIÓN POR ESPIONAJE TELEFÓNICO PERMITIÓ ENCONTRAR PRUEBAS DEL HECHO
La empresa BTR, que participó en la operación, es investigada por espionaje telefónico.
En enero de 2008, la Embajada de Venezuela en Bolivia trianguló la compra de equipos antimotines destinados a la Policía Nacional, para lo que pagó 280.000 dólares a la empresa peruana Business Track (BTR), que adquirió el material a la compañía Non Lethal Solutions (NLS), de Estados Unidos.
El diario limeño La República informó ayer que el proveedor cobró 210.000 dólares por la venta 30 carabinas y ametralladas TAC-700, que sirven para disparar balines de pimienta, 80 pistolas semiautomáticas y una cantidad no determinada de munición, rifles de aire comprimido y equipos de entrenamiento.
La transacción se hizo en momentos en que las organizaciones opositoras de la “media luna” llevaban adelante una ofensiva antigubernamental, que alcanzó su punto máximo entre agosto y septiembre de 2008, que el Gobierno calificó como un intento de golpe de Estado cívico-prefectural.
La oposición censuró el hecho bajo el argumento de que una potencia extranjera no debe financiar las actividades de una institución nacional tan importante como la Policía.
De acuerdo con el informe de La República, BTR es una firma peruana que ofrece servicios de seguridad, que fue contactada por el ex embajador de Caracas en La Paz Julio Montes, aunque las negociaciones fueron hechas directamente por el funcionario diplomático venezolano Gabriel Martínez.
BTR fue implicada en casos de espionaje telefónico en Perú, por lo que el Congreso formó una comisión investigadora, cuya presidencia recayó en Oswaldo Luizar, quien revisó las instalaciones de esta empresa.
Luizar registró los equipos de computación y los archivos de BTR. Halló los recibos de los pagos hechos por la Embajada de Venezuela en Bolivia y las facturas de NLS, así como los registros de los correos electrónicos sostenidos con La Paz.
Uno de los propietarios de esta compañía es Carlos Tomasio, capitán de fragata retirado de la Marina peruana, quien fue recluido por esta causa.
El socio del detenido es el también militar jubilado Elías Ponce Feijóo, quien está libre.
La República informa que los pagos no fueron hechos a BTR sino a Tomasio, en su condición de representante de NLS, quien retuvo 70.000 dólares por comisión y honorarios por el adiestramiento de efectivos bolivianos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).
El diario limeño publica una fotografía en la que se ve al ex militar peruano mientras imparte instrucciones a los policías bolivianos de la mencionada unidad.
El defensor de Tomasio, Fernando Silva La Rosa, aseguró que el dinero pagado por la mencionada legación no perjudica a su cliente, sino, al contrario, “esta operación lícita desmiente las especulaciones respecto de un supuesto lavado de activos que le pretende atribuir la comisión de Luizar”.
La juez María Martínez conoce la causa, aunque no mantiene fluida relación con los congresistas que investigan este caso.
Luizar, representante de una fuerza minoritaria, cree que detrás del “chuponeo telefónico” están oficiales de la Marina y el Gobierno, aunque no mencionó las causas de sus sospechas.
Según las pruebas, anota el mencionado diario, BTR ofrecía servicios de seguridad electrónica a sus clientes, pero en realidad se dedicaba al espionaje ilegal por encargo de terceros con intereses empresariales, comerciales o de otra índole y llegó a afectar a algunos congresistas del vecino país.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, no quiso formular comentarios al respecto porque admitió que desconocía todos sus detalles.
“Tengo por costumbre, ustedes (los periodistas) lo saben, primero enterarme, informarme y documentarme muy bien antes de referirme a un tema”.
Rada añadió que, en este caso, “quiero averiguar bien de qué se trata, qué plantea esa versión periodística, en qué se sustenta y, por supuesto, pedir la información correspondiente”.
Ante la insistencia de las consultas, reiteró desconocer el asunto y “mi respuesta, por mucho que hagan más preguntas o vuelvan a repreguntar, va a ser la misma, no voy a hacer ningún comentario al respecto”.
Una fuente del Comando General de la Policía admitió ayer que la institución recibió aquellos equipos. “A caballo regalado…”. Informó que el equipamiento no llegó en una sola partida, sino de manera gradual, y que el material fue provisto por el Ministerio de Gobierno.
Un efectivo de la UTOP, que pidió guardar en reserva sobre su identidad, reveló que, al menos durante este año, esa unidad no recibió equipamiento, algo que se repitió durante los recientes cinco años, y que si se cuenta con material antimotines fue merced al aporte propio de la Policía.
Personal del Ministerio de Gobierno anunció para ayer comunicados para expresar una posición oficial, pero el documento nunca llegó, en tanto que el Alto Mando policial se reunió para considerar la posición.
Cuatro parlamentarios opositores criticaron la medida al denunciar que Venezuela ejerce injerencia no sólo sobre la Policía, sino sobre las Fuerzas Armadas y en general sobre la administración del Estado.
El diputado oficialista Jorge Silva salió al paso para asegurar que las críticas al hecho son resultado de la mentalidad neoliberal que embarga a los legisladores de la oposición.
“Lo normal es que el Estado haga las compras”
El general retirado Luis Caballero, ex subcomandante de la Policía y ex director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), aseguró ayer que si bien no conoce en detalle el equipamiento recibido por la institución por parte de Venezuela, aseguró que “lo normal es que el Estado haga las compras de material y equipamiento y que los trámites correspondientes sean hechos por el Ministerio de Gobierno”.
El oficial en servicio pasivo afirmó que este procedimiento debe seguirse aún en caso de que se reciba una donación extranjera, pues el Órgano Ejecutivo debe respetar los procedimientos establecidos por la Ley Safco y las normas de adquisición y contratación de bienes y servicios para el Estado.
“En ese caso, lo que corresponde es que el
país donante deposite el dinero en una cuenta fiscal determinada y el Ministerio de Gobierno lance la licitación internacional correspondiente en el marco de un proceso transparente y legal. Es lo que mandan las leyes vigentes en Bolivia”.
Caballero, que dirige una fundación que estudia el fenómeno del tráfico de drogas, explicó que la Policía Nacional no ha recibido equipamiento completo, sino “en forma coyuntural”.
“Tal vez sea esta administración gubernamental la que más recursos y apoyo ha dado a la Policía, aunque las necesidades siempre serán superiores a la dotación de equipos y materiales que se le haga”.
Los principales elementos que se necesitan son instrumentos de comunicación, armamento letal y no letal y equipos para prevenir el delito. “De otra manera, la institución no podrá cumplir sus funciones específicas en beneficio de la sociedad”.
Caballero ejerció la Dirección General de la FELCN durante ocho años y al ascender al grado de general asumió la subcomandancia nacional de la institución del orden.
La oposición censura
Diputados opositores al Gobierno censuraron la compra de armamento y equipo antimotines hecha por Venezuela para la Policía Nacional.
Bernardo Montenegro, diputado de Poder Democrático y Social (Podemos), afirmó que el hecho es “una clara muestra del control total que tiene el presidente de Venezuela, Hugo Chávez”, sobre los mecanismos de seguridad del Estado boliviano.
Montenegro dijo que no es casual esta actitud y que Venezuela ha participado activamente en varios hechos recientes al dar apoyo no sólo con armamento, sino también con vehículos que alquiló en Porvenir, Pando, durante los enfrentamientos entre campesinos y activistas cívicos en septiembre del año pasado.
Arturo Murillo, de Unidad Nacional (UN), sostuvo que todo apoyo o ayuda al
país es bienvenido cuando el donante actúa de manera clara y transparente, pero se repudia cuando un presidente viene a insultar a profesionales y comprar armas a espaldas de la población.
“Rechazamos cualquier intento de injerencia de cualquier país. Vamos a pedir, a través del Senado, que se aclare este tema y un informe al Ministro de Gobierno que hasta ahora se ha escondido y no dijo nada sobre la muerte de los supuestos terroristas en Santa Cruz y la balacera a la red Unitel”.
El diputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) Mario Justiniano declaró que con estos documentos se evidencia el tráfico de armas de Venezuela hacia Bolivia, que se denuncia desde hace tiempo, y la subordinación de la Policía a esta potencia extranjera.
“No se puede recibir órdenes de Chávez. Es una situación irregular que debe ser investigada”.
“Poderosa influencia”
El ex ministro de Gobierno Saúl Lara deploró ayer la influencia que ejerce Venezuela y su presiden te Hugo Chávez sobre el Gobierno nacional.
“Si bien no es extraño que países amigos cooperen a la Policía y las Fuerzas Armadas, lo que revela este caso es que es sorprendente constatar que hay una influencia directa que involucra a la Embajada de una potencia extranjera sobre el país”.
Lara calificó este hecho como “vergonzoso” y que debe ser investigado, además de que no sólo se trata de equipamiento policial, ya que las carabinas son armas de uso militar.
El caso “demuestra también el ingreso de ‘petrodólares’ que derivan en acciones de propaganda sin transparencia ni fiscalización, como el programa ‘Bolivia cambia, Evo cumple’”.
Por ello, comentó que las autoridades nacionales cometen una “impostura” al hablar de la supresión de los gastos reservados, cuando en realidad permiten que los ministerios de Gobierno y de la Presidencia manejen recursos de un país extranjero con fines represivos, propagandísticos y políticos.
“Todo apoyo es bienvenido”
El general retirado Isaac Pimentel, ex comandante de la Policía Nacional, afirmó ayer que, en caso de ser cierta la noticia difundida desde Lima, Perú, “es importante que la institución sea fortalecida constantemente, porque recientemente se presentaron casos muy complicados, como los hechos de terrorismo o el incremento del narcotráfico, ante los que nuestra capacidad de respuesta no es la adecuada, no por falta de capacidad profesional, sino por falta de equipamiento, logística e infraestructura”.
Pimentel dijo que Venezuela no es el único país que coopera a la Policía, sino que otros países, como España, lo hacen sin que por ello alguien muestre extrañeza o contrariedad, “pues el Estado boliviano carece de recursos para dotar a la institución de lo necesario. Es algo que no se puede objetar”.
“Todos deberíamos sentirnos conformes con que la Policía tenga apoyo de todas partes. Eso siempre redundará en beneficio de la sociedad boliviana en su conjunto”.
El oficial en servicio pasivo indicó que dadas las características de los equipos donados por Venezuela, éstos sólo pudieron ser empleados en el control del orden público, que es una función de carácter nacional y que tiene connotaciones de orden político.
Por el contrario, el cuidado de la seguridad ciudadana, otra de las atribuciones policiales, tiene carácter departamental y municipal, cuya responsabilidad corresponde a prefectos y alcaldes en coordinación con los comandantes departamentales.
Detalles
El caso se reveló por una investigación hecha por el Congreso peruano a la empresa BTR.
Sobre esa compañía hay sospechas de que hacía labores de “espionaje telefónico”.
El propietario de la firma fue recluido preventivamente en una cárcel por orden judicial.
El Parlamento peruano sospecha de otras dos compañías por el mismo motivo.
El espionaje se hizo por motivos comerciales, industriales, políticos y de otra índole.
Acusan a Chávez de dotar armas; el Gobierno averigua
El diario peruano La República informó que la Embajada de Venezuela en La Paz pagó $us 210 mil por 30 carabinas, ametralladoras TAC-700, 80 pistolas y otros, además de entrenamiento. El ministro Rada dijo que pedirá un informe.
• SUPUESTA INSTRUCCIÓN • Carlos Tomasio, ex oficial de la Marina peruana, habría llegado a La Paz el 2008 para dar instrucción a oficiales de la Unidad Táctica de Operaciones.
LA RAZÓN
El diario peruano La República denunció ayer, en una publicación, que el presidente venezolano, Hugo Chávez, financió el 2008 la compra de armamento y equipamiento antimotines para la Policía boliviana, y que pagó el entrenamiento de los miembros de la Unidad Táctica de Operaciones Especiales (UTOP).
En La Paz, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, no negó dicha compra y se limitó a decir que averiguará el tema y pedirá un informe al respecto.
La publicación, de autoría del periodista Miguel Gutiérrez, involucra en el hecho a Carlos Tomasio, ex militar peruano, y a su empresa Business Track (BTR). Además, al ex embajador de Venezuela en Bolivia, Julio Montes, dado que el cheque que cubrió la compra salió de esta legación.
“De acuerdo con una factura emitida por la empresa estadounidense a BTR, Tomasio pagó $us 210 mil el costo de los equipos. Sin embargo, el monto final ascendió a $us 280 mil por los fletes, el entrenamiento a más de cien efectivos bolivianos y la comisión que le añadió Tomasio”, se lee en la nota de prensa.
Tras conocer la denuncia, Rada dijo que “en este caso quiero averiguar bien de qué se trata, qué plantea la versión periodística, en qué se sustenta y por supuesto pedir la información correspondiente. No sé de qué se trata. Tengo que informarme”.
Para el diputado oficialista Jorge Silva, la publicación responde a la “mentalidad mezquina, incapaz de los neoliberales peruanos que están arremetiendo contra el presidente Evo Morales, porque son cómplices de la campaña política de los políticos tradicionales en el país”.
Según La República, a fines de noviembre del 2007, Gabriel Martínez, funcionario de la Embajada de Venezuela en Bolivia, entró en contacto con Tomasio y con el capitán de navío AP (r) Elías Ponce Feijóo. “El diplomático llanero deseaba adquirir gases lacrimógenos y una gran cantidad de equipos y balines de pimienta”. Añade que “el 5 de enero del 2008 —según el registro migratorio—, Tomasio estuvo en La Paz y se reunió con los funcionarios gubernamentales venezolanos que participaron en la operación, entre ellos el propio (ex) embajador Julio Montes y Martínez”.
El trato concluyó en la venta de equipos y municiones, y entrenamiento para dos batallones de la UTOP. El cargamento consistió en 30 carabinas y ametralladoras TAC-700, 80 pistolas semiautomáticas y un sinnúmero de municiones, compresoras de aire y equipo de entre- namiento, agrega.
Según fuentes consultadas por el periodista, el dinero de la operación fue enviado desde una cuenta de la embajada venezolana en La Paz a la cuenta de BTR y redirigida a la cuenta de NLS (el proveedor), en EEUU.
También se lee que el 2008, tras adquirir los equipos y armas, Tomasio se trasladó a Bolivia para entrenar a los efectivos de la UTOP, actividad filmada por el militar peruano.
La red PAT intentó obtener la versión de la Embajada de Venezuela en La Paz, pero los guardias informaron que los viernes trabajan sólo hasta las 15.00.
El comandante de la UTOP, Jhonny Troncoso, dijo que su unidad no recibió ningún equipo ni armas en los últimos nueve meses, según la misma red.
El diario refiere que correos electrónicos, videos y facturas incautadas en BTR demuestran que la operación se financió con fondos del gobierno de Chávez “y no fue un servicio de chuponeo o lavado tal como conjeturó el congresista Oswaldo Luizar, de la comisión investigadora”.
La República añade que a inicios del 2008, las autoridades de Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz se habían declarado en rebelión y amenazaban con desconocer a Morales, aliado de Chávez.
Gutiérrez, en contacto telefónico con la red Unitel, afirmó que Tomasio está detenido en su país por espionaje.
Diputados investigarán el caso
La diputada Marisol Abán (MNR) anunció ayer que solicitará la conformación de una comisión especial para investigar la donación venezolana de equipos antimotines para la Policía.
Abán afirmó que la donación secreta mella la dignidad y seguridad nacional del país, y exigió al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, un informe. Solicitó la intervención del canciller David Choquehuanca.
El senador Carlos Böhrt (Podemos) afirmó que si la información fuera cierta, sería “algo que resulta altamente censurable”. El diputado oficialista César Navarro (MAS) indicó que “no se puede aclarar una calamidad del periódico La República, que se ha caracterizado en atacar en más de una oportunidad al presidente Evo Morales”. Dijo que se trata de una campaña mediática de información de algunos medios privados de la derecha.
El portavoz del Plan Progreso para Bolivia (PPB), Erick Fajardo, sostuvo que de confirmarse esta información, se constataría que el gobierno de Morales ´tiene una seria contradicción entre su discurso político y la acción política´.
La compra debió seguir pasos legales
Procedimiento
Si la compra de equipos antimotines para la Policía, por encargo de la Embajada de Venezuela en La Paz, fue una donación, debió seguir los canales administrativos normales y ser entregada públicamente, según el presidente de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados, Michiaki Nagatani (MNR).
Afirmó que todas las negociaciones debieron ser canalizadas a través de la Cancillería con participación del Ministerio de Gobierno. “La donación debía seguir canales de transparencia y, en todo caso, si algún país quiere cooperarnos, debe hacerlo a través de organismos oficiales”, dijo.
El presidente del Senado, Óscar Ortiz, recordó que la asesoraría en el control de conflictos sociales estaba contemplada en el convenio militar con Venezuela, que fue rechazado, y “después lo aprobaron ilegalmente en medio de un cerco”. Destacó que si se trata de una donación, debió cumplirse con los pasos procedimentales. “Lo más importante es que toda donación debe ser pública, porque es una nueva deuda más para el Estado”, añadió.
UNA INVESTIGACIÓN POR ESPIONAJE TELEFÓNICO PERMITIÓ ENCONTRAR PRUEBAS DEL HECHO
La empresa BTR, que participó en la operación, es investigada por espionaje telefónico.
En enero de 2008, la Embajada de Venezuela en Bolivia trianguló la compra de equipos antimotines destinados a la Policía Nacional, para lo que pagó 280.000 dólares a la empresa peruana Business Track (BTR), que adquirió el material a la compañía Non Lethal Solutions (NLS), de Estados Unidos.
El diario limeño La República informó ayer que el proveedor cobró 210.000 dólares por la venta 30 carabinas y ametralladas TAC-700, que sirven para disparar balines de pimienta, 80 pistolas semiautomáticas y una cantidad no determinada de munición, rifles de aire comprimido y equipos de entrenamiento.
La transacción se hizo en momentos en que las organizaciones opositoras de la “media luna” llevaban adelante una ofensiva antigubernamental, que alcanzó su punto máximo entre agosto y septiembre de 2008, que el Gobierno calificó como un intento de golpe de Estado cívico-prefectural.
La oposición censuró el hecho bajo el argumento de que una potencia extranjera no debe financiar las actividades de una institución nacional tan importante como la Policía.
De acuerdo con el informe de La República, BTR es una firma peruana que ofrece servicios de seguridad, que fue contactada por el ex embajador de Caracas en La Paz Julio Montes, aunque las negociaciones fueron hechas directamente por el funcionario diplomático venezolano Gabriel Martínez.
BTR fue implicada en casos de espionaje telefónico en Perú, por lo que el Congreso formó una comisión investigadora, cuya presidencia recayó en Oswaldo Luizar, quien revisó las instalaciones de esta empresa.
Luizar registró los equipos de computación y los archivos de BTR. Halló los recibos de los pagos hechos por la Embajada de Venezuela en Bolivia y las facturas de NLS, así como los registros de los correos electrónicos sostenidos con La Paz.
Uno de los propietarios de esta compañía es Carlos Tomasio, capitán de fragata retirado de la Marina peruana, quien fue recluido por esta causa.
El socio del detenido es el también militar jubilado Elías Ponce Feijóo, quien está libre.
La República informa que los pagos no fueron hechos a BTR sino a Tomasio, en su condición de representante de NLS, quien retuvo 70.000 dólares por comisión y honorarios por el adiestramiento de efectivos bolivianos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).
El diario limeño publica una fotografía en la que se ve al ex militar peruano mientras imparte instrucciones a los policías bolivianos de la mencionada unidad.
El defensor de Tomasio, Fernando Silva La Rosa, aseguró que el dinero pagado por la mencionada legación no perjudica a su cliente, sino, al contrario, “esta operación lícita desmiente las especulaciones respecto de un supuesto lavado de activos que le pretende atribuir la comisión de Luizar”.
La juez María Martínez conoce la causa, aunque no mantiene fluida relación con los congresistas que investigan este caso.
Luizar, representante de una fuerza minoritaria, cree que detrás del “chuponeo telefónico” están oficiales de la Marina y el Gobierno, aunque no mencionó las causas de sus sospechas.
Según las pruebas, anota el mencionado diario, BTR ofrecía servicios de seguridad electrónica a sus clientes, pero en realidad se dedicaba al espionaje ilegal por encargo de terceros con intereses empresariales, comerciales o de otra índole y llegó a afectar a algunos congresistas del vecino país.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, no quiso formular comentarios al respecto porque admitió que desconocía todos sus detalles.
“Tengo por costumbre, ustedes (los periodistas) lo saben, primero enterarme, informarme y documentarme muy bien antes de referirme a un tema”.
Rada añadió que, en este caso, “quiero averiguar bien de qué se trata, qué plantea esa versión periodística, en qué se sustenta y, por supuesto, pedir la información correspondiente”.
Ante la insistencia de las consultas, reiteró desconocer el asunto y “mi respuesta, por mucho que hagan más preguntas o vuelvan a repreguntar, va a ser la misma, no voy a hacer ningún comentario al respecto”.
Una fuente del Comando General de la Policía admitió ayer que la institución recibió aquellos equipos. “A caballo regalado…”. Informó que el equipamiento no llegó en una sola partida, sino de manera gradual, y que el material fue provisto por el Ministerio de Gobierno.
Un efectivo de la UTOP, que pidió guardar en reserva sobre su identidad, reveló que, al menos durante este año, esa unidad no recibió equipamiento, algo que se repitió durante los recientes cinco años, y que si se cuenta con material antimotines fue merced al aporte propio de la Policía.
Personal del Ministerio de Gobierno anunció para ayer comunicados para expresar una posición oficial, pero el documento nunca llegó, en tanto que el Alto Mando policial se reunió para considerar la posición.
Cuatro parlamentarios opositores criticaron la medida al denunciar que Venezuela ejerce injerencia no sólo sobre la Policía, sino sobre las Fuerzas Armadas y en general sobre la administración del Estado.
El diputado oficialista Jorge Silva salió al paso para asegurar que las críticas al hecho son resultado de la mentalidad neoliberal que embarga a los legisladores de la oposición.
“Lo normal es que el Estado haga las compras”
El general retirado Luis Caballero, ex subcomandante de la Policía y ex director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), aseguró ayer que si bien no conoce en detalle el equipamiento recibido por la institución por parte de Venezuela, aseguró que “lo normal es que el Estado haga las compras de material y equipamiento y que los trámites correspondientes sean hechos por el Ministerio de Gobierno”.
El oficial en servicio pasivo afirmó que este procedimiento debe seguirse aún en caso de que se reciba una donación extranjera, pues el Órgano Ejecutivo debe respetar los procedimientos establecidos por la Ley Safco y las normas de adquisición y contratación de bienes y servicios para el Estado.
“En ese caso, lo que corresponde es que el
país donante deposite el dinero en una cuenta fiscal determinada y el Ministerio de Gobierno lance la licitación internacional correspondiente en el marco de un proceso transparente y legal. Es lo que mandan las leyes vigentes en Bolivia”.
Caballero, que dirige una fundación que estudia el fenómeno del tráfico de drogas, explicó que la Policía Nacional no ha recibido equipamiento completo, sino “en forma coyuntural”.
“Tal vez sea esta administración gubernamental la que más recursos y apoyo ha dado a la Policía, aunque las necesidades siempre serán superiores a la dotación de equipos y materiales que se le haga”.
Los principales elementos que se necesitan son instrumentos de comunicación, armamento letal y no letal y equipos para prevenir el delito. “De otra manera, la institución no podrá cumplir sus funciones específicas en beneficio de la sociedad”.
Caballero ejerció la Dirección General de la FELCN durante ocho años y al ascender al grado de general asumió la subcomandancia nacional de la institución del orden.
La oposición censura
Diputados opositores al Gobierno censuraron la compra de armamento y equipo antimotines hecha por Venezuela para la Policía Nacional.
Bernardo Montenegro, diputado de Poder Democrático y Social (Podemos), afirmó que el hecho es “una clara muestra del control total que tiene el presidente de Venezuela, Hugo Chávez”, sobre los mecanismos de seguridad del Estado boliviano.
Montenegro dijo que no es casual esta actitud y que Venezuela ha participado activamente en varios hechos recientes al dar apoyo no sólo con armamento, sino también con vehículos que alquiló en Porvenir, Pando, durante los enfrentamientos entre campesinos y activistas cívicos en septiembre del año pasado.
Arturo Murillo, de Unidad Nacional (UN), sostuvo que todo apoyo o ayuda al
país es bienvenido cuando el donante actúa de manera clara y transparente, pero se repudia cuando un presidente viene a insultar a profesionales y comprar armas a espaldas de la población.
“Rechazamos cualquier intento de injerencia de cualquier país. Vamos a pedir, a través del Senado, que se aclare este tema y un informe al Ministro de Gobierno que hasta ahora se ha escondido y no dijo nada sobre la muerte de los supuestos terroristas en Santa Cruz y la balacera a la red Unitel”.
El diputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) Mario Justiniano declaró que con estos documentos se evidencia el tráfico de armas de Venezuela hacia Bolivia, que se denuncia desde hace tiempo, y la subordinación de la Policía a esta potencia extranjera.
“No se puede recibir órdenes de Chávez. Es una situación irregular que debe ser investigada”.
“Poderosa influencia”
El ex ministro de Gobierno Saúl Lara deploró ayer la influencia que ejerce Venezuela y su presiden te Hugo Chávez sobre el Gobierno nacional.
“Si bien no es extraño que países amigos cooperen a la Policía y las Fuerzas Armadas, lo que revela este caso es que es sorprendente constatar que hay una influencia directa que involucra a la Embajada de una potencia extranjera sobre el país”.
Lara calificó este hecho como “vergonzoso” y que debe ser investigado, además de que no sólo se trata de equipamiento policial, ya que las carabinas son armas de uso militar.
El caso “demuestra también el ingreso de ‘petrodólares’ que derivan en acciones de propaganda sin transparencia ni fiscalización, como el programa ‘Bolivia cambia, Evo cumple’”.
Por ello, comentó que las autoridades nacionales cometen una “impostura” al hablar de la supresión de los gastos reservados, cuando en realidad permiten que los ministerios de Gobierno y de la Presidencia manejen recursos de un país extranjero con fines represivos, propagandísticos y políticos.
“Todo apoyo es bienvenido”
El general retirado Isaac Pimentel, ex comandante de la Policía Nacional, afirmó ayer que, en caso de ser cierta la noticia difundida desde Lima, Perú, “es importante que la institución sea fortalecida constantemente, porque recientemente se presentaron casos muy complicados, como los hechos de terrorismo o el incremento del narcotráfico, ante los que nuestra capacidad de respuesta no es la adecuada, no por falta de capacidad profesional, sino por falta de equipamiento, logística e infraestructura”.
Pimentel dijo que Venezuela no es el único país que coopera a la Policía, sino que otros países, como España, lo hacen sin que por ello alguien muestre extrañeza o contrariedad, “pues el Estado boliviano carece de recursos para dotar a la institución de lo necesario. Es algo que no se puede objetar”.
“Todos deberíamos sentirnos conformes con que la Policía tenga apoyo de todas partes. Eso siempre redundará en beneficio de la sociedad boliviana en su conjunto”.
El oficial en servicio pasivo indicó que dadas las características de los equipos donados por Venezuela, éstos sólo pudieron ser empleados en el control del orden público, que es una función de carácter nacional y que tiene connotaciones de orden político.
Por el contrario, el cuidado de la seguridad ciudadana, otra de las atribuciones policiales, tiene carácter departamental y municipal, cuya responsabilidad corresponde a prefectos y alcaldes en coordinación con los comandantes departamentales.
Detalles
El caso se reveló por una investigación hecha por el Congreso peruano a la empresa BTR.
Sobre esa compañía hay sospechas de que hacía labores de “espionaje telefónico”.
El propietario de la firma fue recluido preventivamente en una cárcel por orden judicial.
El Parlamento peruano sospecha de otras dos compañías por el mismo motivo.
El espionaje se hizo por motivos comerciales, industriales, políticos y de otra índole.
Acusan a Chávez de dotar armas; el Gobierno averigua
El diario peruano La República informó que la Embajada de Venezuela en La Paz pagó $us 210 mil por 30 carabinas, ametralladoras TAC-700, 80 pistolas y otros, además de entrenamiento. El ministro Rada dijo que pedirá un informe.
• SUPUESTA INSTRUCCIÓN • Carlos Tomasio, ex oficial de la Marina peruana, habría llegado a La Paz el 2008 para dar instrucción a oficiales de la Unidad Táctica de Operaciones.
LA RAZÓN
El diario peruano La República denunció ayer, en una publicación, que el presidente venezolano, Hugo Chávez, financió el 2008 la compra de armamento y equipamiento antimotines para la Policía boliviana, y que pagó el entrenamiento de los miembros de la Unidad Táctica de Operaciones Especiales (UTOP).
En La Paz, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, no negó dicha compra y se limitó a decir que averiguará el tema y pedirá un informe al respecto.
La publicación, de autoría del periodista Miguel Gutiérrez, involucra en el hecho a Carlos Tomasio, ex militar peruano, y a su empresa Business Track (BTR). Además, al ex embajador de Venezuela en Bolivia, Julio Montes, dado que el cheque que cubrió la compra salió de esta legación.
“De acuerdo con una factura emitida por la empresa estadounidense a BTR, Tomasio pagó $us 210 mil el costo de los equipos. Sin embargo, el monto final ascendió a $us 280 mil por los fletes, el entrenamiento a más de cien efectivos bolivianos y la comisión que le añadió Tomasio”, se lee en la nota de prensa.
Tras conocer la denuncia, Rada dijo que “en este caso quiero averiguar bien de qué se trata, qué plantea la versión periodística, en qué se sustenta y por supuesto pedir la información correspondiente. No sé de qué se trata. Tengo que informarme”.
Para el diputado oficialista Jorge Silva, la publicación responde a la “mentalidad mezquina, incapaz de los neoliberales peruanos que están arremetiendo contra el presidente Evo Morales, porque son cómplices de la campaña política de los políticos tradicionales en el país”.
Según La República, a fines de noviembre del 2007, Gabriel Martínez, funcionario de la Embajada de Venezuela en Bolivia, entró en contacto con Tomasio y con el capitán de navío AP (r) Elías Ponce Feijóo. “El diplomático llanero deseaba adquirir gases lacrimógenos y una gran cantidad de equipos y balines de pimienta”. Añade que “el 5 de enero del 2008 —según el registro migratorio—, Tomasio estuvo en La Paz y se reunió con los funcionarios gubernamentales venezolanos que participaron en la operación, entre ellos el propio (ex) embajador Julio Montes y Martínez”.
El trato concluyó en la venta de equipos y municiones, y entrenamiento para dos batallones de la UTOP. El cargamento consistió en 30 carabinas y ametralladoras TAC-700, 80 pistolas semiautomáticas y un sinnúmero de municiones, compresoras de aire y equipo de entre- namiento, agrega.
Según fuentes consultadas por el periodista, el dinero de la operación fue enviado desde una cuenta de la embajada venezolana en La Paz a la cuenta de BTR y redirigida a la cuenta de NLS (el proveedor), en EEUU.
También se lee que el 2008, tras adquirir los equipos y armas, Tomasio se trasladó a Bolivia para entrenar a los efectivos de la UTOP, actividad filmada por el militar peruano.
La red PAT intentó obtener la versión de la Embajada de Venezuela en La Paz, pero los guardias informaron que los viernes trabajan sólo hasta las 15.00.
El comandante de la UTOP, Jhonny Troncoso, dijo que su unidad no recibió ningún equipo ni armas en los últimos nueve meses, según la misma red.
El diario refiere que correos electrónicos, videos y facturas incautadas en BTR demuestran que la operación se financió con fondos del gobierno de Chávez “y no fue un servicio de chuponeo o lavado tal como conjeturó el congresista Oswaldo Luizar, de la comisión investigadora”.
La República añade que a inicios del 2008, las autoridades de Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz se habían declarado en rebelión y amenazaban con desconocer a Morales, aliado de Chávez.
Gutiérrez, en contacto telefónico con la red Unitel, afirmó que Tomasio está detenido en su país por espionaje.
Diputados investigarán el caso
La diputada Marisol Abán (MNR) anunció ayer que solicitará la conformación de una comisión especial para investigar la donación venezolana de equipos antimotines para la Policía.
Abán afirmó que la donación secreta mella la dignidad y seguridad nacional del país, y exigió al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, un informe. Solicitó la intervención del canciller David Choquehuanca.
El senador Carlos Böhrt (Podemos) afirmó que si la información fuera cierta, sería “algo que resulta altamente censurable”. El diputado oficialista César Navarro (MAS) indicó que “no se puede aclarar una calamidad del periódico La República, que se ha caracterizado en atacar en más de una oportunidad al presidente Evo Morales”. Dijo que se trata de una campaña mediática de información de algunos medios privados de la derecha.
El portavoz del Plan Progreso para Bolivia (PPB), Erick Fajardo, sostuvo que de confirmarse esta información, se constataría que el gobierno de Morales ´tiene una seria contradicción entre su discurso político y la acción política´.
La compra debió seguir pasos legales
Procedimiento
Si la compra de equipos antimotines para la Policía, por encargo de la Embajada de Venezuela en La Paz, fue una donación, debió seguir los canales administrativos normales y ser entregada públicamente, según el presidente de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados, Michiaki Nagatani (MNR).
Afirmó que todas las negociaciones debieron ser canalizadas a través de la Cancillería con participación del Ministerio de Gobierno. “La donación debía seguir canales de transparencia y, en todo caso, si algún país quiere cooperarnos, debe hacerlo a través de organismos oficiales”, dijo.
El presidente del Senado, Óscar Ortiz, recordó que la asesoraría en el control de conflictos sociales estaba contemplada en el convenio militar con Venezuela, que fue rechazado, y “después lo aprobaron ilegalmente en medio de un cerco”. Destacó que si se trata de una donación, debió cumplirse con los pasos procedimentales. “Lo más importante es que toda donación debe ser pública, porque es una nueva deuda más para el Estado”, añadió.
