Pedido. El representante en Bolivia de la organización multilateral pidió a la justicia boliviana tomar en cuenta los informes de Irlanda y Hungría sobre las muertes de Michael Dwyer y Árpád Magyarosi
El embajador de Gran Bretaña en Bolivia y representante de la Unión Europea, Nigel Baker, afirmó que hasta ahora la investigación sobre el caso de supuesto terrorismo en Santa Cruz, que involucra a ciudadanos europeos, tiene “demasiados puntos dudosos”. Luego pidió que se tomen en cuenta los informes forenses realizados en Hungría e Irlanda, que indican que dos de sus ciudadanos fueron ejecutados en el operativo del hotel Las Américas.
“Lo importante es que hay que tomar en cuenta (
El 16 de abril, un grupo de élite policial, al mando del capitán Wálter Andrade, ingresó al hotel Las Américas en un operativo en que fallecieron Árpád Magyarosi (rumano, de origen húngaro), Michael Dwyer (irlandés) y Eduardo Rózsa Flores (boliviano, húngaro y croata).
Para el embajador europeo, el caso fue politizado y ahora se debe llegar a la verdad a través de ‘procedimientos judiciales’ y reiteró que en los países de donde eran oriundos los presuntos subversivos reclaman una justicia real. Una indagación de la Policía húngara determinó que Magyarosi fue ejecutado mientras se encontraba con las manos arriba en señal de rendición. Otra autopsia judicial a la que fue sometido Dwyer por el Estado de Irlanda concluyó que fue victimado con un sólo disparo en el corazón mientras se encontraba recostado o sentado en su cama.
Baker dijo que la UE puede activar las representaciones a petición de los países de origen de los fallecidos y que no se podrá hacer nada hasta entonces. “Nuestra intervención depende de que los húngaros e irlandeses pidan que se incorporen estas investigaciones. Cualquier aporte es importante para que todo sea aclarado, hasta ahora no se ha aclarado nada”, sentenció.
El vicepresidente, Álvaro García Linera, afirmó que Hungría e Irlanda deberían pedir disculpas a Bolivia, porque sus ciudadanos llegaron “para matar a compatriotas bolivianos” y que el informe que deben tomar en cuenta las autoridades judiciales es el que fue emitido por una autoridad nacional.
Las dudas y pedidos también abundan en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga el caso. La congresista Marisol Abán (MNR) asegura que los opositores que forman parte de esta instancia solicitaron al oficialista César Navarro que pida, a través de la Cancillería, los informes de los peritos húngaros e irlandeses, pero éste, al igual que el Vicepresidente del Estado, desestimó estos datos.
“Son elementos de juicio y por lo menos deberíamos conocerlos de manera oficial antes de desecharlos. Me siento con las manos atadas, porque soy una simple vocal en la Comisión. Tenemos un presidente (por Navarro), pero cuando es negligente es poco lo que se puede hacer”, dijo Abán. A eso se suma que el fiscal que investiga el caso, Marcelo Soza, no ha enviado la documentación ni copias de los discos de las computadoras secuestradas el 16 de abril. Esto determinó que Abán, junto a sus colegas Pablo Banegas y Bernardo Montenegro interponga una demanda por incumplimiento de funciones y abuso de autoridad contra Soza en la Fiscalía de Santa Cruz, donde se encuentra la jurisdicción del caso, según la Corte Suprema de Justicia.
Otro giro de este caso es que la Fiscalía de La Paz lo fusionó con los atentados de septiembre en La Paz con sobre bomba. Según el fiscal Fernando Ganam, se utilizaron los mismos mecanismos y explosivos que en el atentado a la casa del cardenal Terrazas, atribuido al grupo de Rózsa.
Tapia Pachi gana recurso ante la leyLa sala penal segunda de la Corte de Distrito de Santa Cruz declaró procedente el recurso de acción de libertad presentado por los abogados del juez Luis Hernando Tapia Pachi contra el fiscal Prudencio Flores, que el lunes había ordenado su aprehensión por no haberse presentado a declarar en la ciudad de La Paz.Con el voto unánime de los vocales Édgar Molina, Adhemar Fernández e Ismael Saucedo, cuyo fallo será remitido al Tribunal Constitucional, se suspendió la sesión que deja sin efecto la orden de apremio, que por tercera vez y con los mismos argumentos, lanzó el fiscal paceño.Soza había acusado a Tapia Pachi de favorecer a los imputados de terrorismo por el caso Rózsa, al haber tomado competencia en el proceso, en detrimento de la jueza paceña Betty Yañíquez. Esto derivó en un conflicto de jurisdicción, que fue dirimido por la Corte Suprema de Justicia, a través del Distrito de Santa Cruz.Tapia Pachi se mostró conforme con el fallo y dijo que quien ha ganado es la justicia, pero indicó que se debe estar atento ante la arremetida del Gobierno contra el Poder Judicial.“No es mi temor que me encierren o me encarcelen por una resolución que dicté y que fue confirmada por la Corte como lo he manifestado varias veces. El resentimiento y el odio que nacen del ministro Alfredo Rada hacia mí por la resolución que dicté en el caso de presunto terrorismo, hacen que ellos tomen estas medidas que atentan contra todo el Poder Judicial”, aseguró. Al final señaló que está listo para defender la ley, la Constitución y la legalidad que de ella emana y pidió que el Poder Ejecutivo respete y no manosee el Poder Judicial y el Ministerio Público./E.G.
La CRE niega relación con terrorismoLa Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) rechazó ayer la sindicación realizada por el Ministerio de Gobierno de haber financiado el supuesto grupo terrorista presuntamente liderado por Eduardo Rózsa. El domingo pasado, el Ejecutivo publicó una solicitada en que hacía referencia a un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras que ve con sospecha desembolsos de la CRE hacia el Comité pro Santa Cruz, la Fexpo y la Fundación Amérida. A través de una resolución de directorio, la CRE asegura que los pagos a la Fexpo se deben al uso de un stand en este evento y los que realizó al Comité corresponden a una relación institucional, de la que devienen aportes mensuales de cuota fija. Con la Fundación Amérida también mantienen una relación de apoyo, que fue respaldada por la Asamblea de Socios.“No tenemos nada que ocultar, porque tenemos una conducta institucional transparente y somos ejemplo nacional e internacional de cómo deben ser administradas las cooperativas de servicios públicos y cumplir con el propósito de su creación: dar calidad de vida y bienestar a sus socios”, asegura la resolución, fechada el 20 de octubre. esos informes), son criterios, hubo una investigación seria, conozco de la investigación irlandesa. Las familias quieren que se aclare todo, ojalá que la justicia boliviana pueda aclarar el caso, hay demasiados puntos dudosos en este caso”, dijo Baker en contacto con la prensa.
“Lo importante es que hay que tomar en cuenta (
El 16 de abril, un grupo de élite policial, al mando del capitán Wálter Andrade, ingresó al hotel Las Américas en un operativo en que fallecieron Árpád Magyarosi (rumano, de origen húngaro), Michael Dwyer (irlandés) y Eduardo Rózsa Flores (boliviano, húngaro y croata).
Para el embajador europeo, el caso fue politizado y ahora se debe llegar a la verdad a través de ‘procedimientos judiciales’ y reiteró que en los países de donde eran oriundos los presuntos subversivos reclaman una justicia real. Una indagación de la Policía húngara determinó que Magyarosi fue ejecutado mientras se encontraba con las manos arriba en señal de rendición. Otra autopsia judicial a la que fue sometido Dwyer por el Estado de Irlanda concluyó que fue victimado con un sólo disparo en el corazón mientras se encontraba recostado o sentado en su cama.
Baker dijo que la UE puede activar las representaciones a petición de los países de origen de los fallecidos y que no se podrá hacer nada hasta entonces. “Nuestra intervención depende de que los húngaros e irlandeses pidan que se incorporen estas investigaciones. Cualquier aporte es importante para que todo sea aclarado, hasta ahora no se ha aclarado nada”, sentenció.
El vicepresidente, Álvaro García Linera, afirmó que Hungría e Irlanda deberían pedir disculpas a Bolivia, porque sus ciudadanos llegaron “para matar a compatriotas bolivianos” y que el informe que deben tomar en cuenta las autoridades judiciales es el que fue emitido por una autoridad nacional.
Las dudas y pedidos también abundan en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga el caso. La congresista Marisol Abán (MNR) asegura que los opositores que forman parte de esta instancia solicitaron al oficialista César Navarro que pida, a través de la Cancillería, los informes de los peritos húngaros e irlandeses, pero éste, al igual que el Vicepresidente del Estado, desestimó estos datos.
“Son elementos de juicio y por lo menos deberíamos conocerlos de manera oficial antes de desecharlos. Me siento con las manos atadas, porque soy una simple vocal en la Comisión. Tenemos un presidente (por Navarro), pero cuando es negligente es poco lo que se puede hacer”, dijo Abán. A eso se suma que el fiscal que investiga el caso, Marcelo Soza, no ha enviado la documentación ni copias de los discos de las computadoras secuestradas el 16 de abril. Esto determinó que Abán, junto a sus colegas Pablo Banegas y Bernardo Montenegro interponga una demanda por incumplimiento de funciones y abuso de autoridad contra Soza en la Fiscalía de Santa Cruz, donde se encuentra la jurisdicción del caso, según la Corte Suprema de Justicia.
Otro giro de este caso es que la Fiscalía de La Paz lo fusionó con los atentados de septiembre en La Paz con sobre bomba. Según el fiscal Fernando Ganam, se utilizaron los mismos mecanismos y explosivos que en el atentado a la casa del cardenal Terrazas, atribuido al grupo de Rózsa.
Tapia Pachi gana recurso ante la leyLa sala penal segunda de la Corte de Distrito de Santa Cruz declaró procedente el recurso de acción de libertad presentado por los abogados del juez Luis Hernando Tapia Pachi contra el fiscal Prudencio Flores, que el lunes había ordenado su aprehensión por no haberse presentado a declarar en la ciudad de La Paz.Con el voto unánime de los vocales Édgar Molina, Adhemar Fernández e Ismael Saucedo, cuyo fallo será remitido al Tribunal Constitucional, se suspendió la sesión que deja sin efecto la orden de apremio, que por tercera vez y con los mismos argumentos, lanzó el fiscal paceño.Soza había acusado a Tapia Pachi de favorecer a los imputados de terrorismo por el caso Rózsa, al haber tomado competencia en el proceso, en detrimento de la jueza paceña Betty Yañíquez. Esto derivó en un conflicto de jurisdicción, que fue dirimido por la Corte Suprema de Justicia, a través del Distrito de Santa Cruz.Tapia Pachi se mostró conforme con el fallo y dijo que quien ha ganado es la justicia, pero indicó que se debe estar atento ante la arremetida del Gobierno contra el Poder Judicial.“No es mi temor que me encierren o me encarcelen por una resolución que dicté y que fue confirmada por la Corte como lo he manifestado varias veces. El resentimiento y el odio que nacen del ministro Alfredo Rada hacia mí por la resolución que dicté en el caso de presunto terrorismo, hacen que ellos tomen estas medidas que atentan contra todo el Poder Judicial”, aseguró. Al final señaló que está listo para defender la ley, la Constitución y la legalidad que de ella emana y pidió que el Poder Ejecutivo respete y no manosee el Poder Judicial y el Ministerio Público./E.G.
La CRE niega relación con terrorismoLa Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) rechazó ayer la sindicación realizada por el Ministerio de Gobierno de haber financiado el supuesto grupo terrorista presuntamente liderado por Eduardo Rózsa. El domingo pasado, el Ejecutivo publicó una solicitada en que hacía referencia a un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras que ve con sospecha desembolsos de la CRE hacia el Comité pro Santa Cruz, la Fexpo y la Fundación Amérida. A través de una resolución de directorio, la CRE asegura que los pagos a la Fexpo se deben al uso de un stand en este evento y los que realizó al Comité corresponden a una relación institucional, de la que devienen aportes mensuales de cuota fija. Con la Fundación Amérida también mantienen una relación de apoyo, que fue respaldada por la Asamblea de Socios.“No tenemos nada que ocultar, porque tenemos una conducta institucional transparente y somos ejemplo nacional e internacional de cómo deben ser administradas las cooperativas de servicios públicos y cumplir con el propósito de su creación: dar calidad de vida y bienestar a sus socios”, asegura la resolución, fechada el 20 de octubre. esos informes), son criterios, hubo una investigación seria, conozco de la investigación irlandesa. Las familias quieren que se aclare todo, ojalá que la justicia boliviana pueda aclarar el caso, hay demasiados puntos dudosos en este caso”, dijo Baker en contacto con la prensa.
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