sábado, 17 de octubre de 2009

Ante la aparición del ex guerrillero del MRTA, Martín Serna, quien secuestró en 1995 al empresario y ahora candidato a la presidencia, Samuel Doria Me

Ante la aparición del ex guerrillero del MRTA, Martín Serna, quien secuestró en 1995 al empresario y ahora candidato a la presidencia, Samuel Doria Medina, exigieron que el Gobierno dé explicaciones sobre la relación que tienen con un gobierno, como el de Venezuela, que otorga un documento con numeración venezolana. “Le pediré al fiscal Uribe que le mande un cuestionario a Hugo Chávez el por qué se protege a terroristas en el país”, afirmando que el miembro del MRTA, Martín Serna, estaría siendo protegido por dicho Gobierno, puesto que se le había expendido. Doria Medina insistió en que es importante que se trate el tema de terrorismo y que se va a hacer con el ex reo, resaltando que si bien no se revela el lugar donde se encuentra, esperemos que también el terrorismo que se origina en el Gobierno también sea revelado. En su oportunidad, el presidente de la cámara de Senado, Óscar Ortiz, insistió en que su carta estaba referida a este tipo de actividades que vinculaban al gobierno de Venezuela con grupos paramilitares, y que un claro ejemplo es lo que sucede con Martín Serna, ahora identificado como Wilfredo Idigora. “El vicepresidente tiene que aclarar por qué cobijan a gente que ha estado vinculada al terrorismo, tiene que aclarar relaciones con los que protegen al terrorismo”, enfatizó Ortiz.

Allanamiento por presunta relación con narcofábrica

Un domicilio ubicado en la avenida Santos Dumont, donde se guardaba algunas maquinarias, fue allanado por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico a la cabeza del fiscal Johnny Vaca Díez. El lugar fue allanado debido a que presuntamente guardaría alguna relación con la fábrica de droga descubierta el pasado miércoles cerca a la localidad de Candelaria, en el municipio de Warnes. Se tenía información de que allí se guardaba algún tipo de maquinaria que era utilizado para implementar la factoría de cocaína. Sin embargo, luego de la requisa no se encontró indicio alguno que relacionen al domicilio con la narcofábrica, según indicó el fiscal Vaca Díez, pero las investigaciones continúan. La fábrica descubierta estaba a apenas 10 kilómetros de Warnes y a 40 de Santa Cruz. Estaba implementada con cinco ambientes para la elaboración de droga y la permanencia de un numeroso grupo de personas.

Brasil: 2 policías mueren en helicóptero derribado por pistoleros

Por FLORA CHARNER
The Associated Press
RIO DE JANEIRO -- Dos policías murieron y cuatro resultaron heridos cuando un helicóptero fue derribado el sábado mientras sobrevolaba una barriada pobre en un cerro de Río de Janeiro, en medio de un tiroteo entre bandas de narcotraficantes que también dejó muertos a 10 presuntos pandilleros y lesionados a dos transeúntes, dijeron las autoridades.
Apenas dos semanas después de que Río fue designada como anfitriona de los Juegos Olímpicos de 2016, el helicóptero fue baleado sobre el Morro dos Macacos en el norte de la ciudad y debió hacer un aterrizaje de emergencia en un campo de fútbol cercano, luego de que el piloto fue herido en una pierna.
"El piloto consiguió hacer un aterrizaje forzoso pero infelizmente no todos se pudieron salvar", dijo en rueda de prensa el coronel Mario Sergio Duarte, jefe de la policía militar del estado de Rio de Janeiro.
Precisó que además de los dos agentes muertos, cuatro de los ocupantes lograron salvarse con lesiones: el piloto y el segundo oficial tenían quemaduras y heridas de bala y otros dos agentes sufrieron quemaduras, uno de ellos de gravedad.
Las autoridades no sabían si los pandilleros habían disparado contra el helicóptero o si éste recibió balas perdidas, pero el suceso demostró los problemas de seguridad que han acosado a la segunda mayor ciudad brasileña durante décadas.
A pesar de los hechos violentos, funcionarios locales defendieron la capacidad de la ciudad para controlar la situación antes de las Olimpíadas del 2016 y del Mundial de fútbol de 2014, en el que Río será una de las sedes.
"Al elegir la ciudad, ellos ya sabían del trabajo que se ha estado realizando y que continuará en el área de prevención", dijo el ministro de Justicia Tarso Genro al servicio de noticias estatal Agencia Brasil.
El gobernador del estado de Río, Sergio Cabral, dijo amargamente a los periodistas que los problemas de seguridad de la ciudad no se pueden resolver "con magia en el corto plazo" y aseguró que las autoridades lanzarán operaciones masivas de seguridad para los eventos deportivos.
"Le dijimos al Comité Olímpico Internacional que no es una acción simple, ellos lo saben", dijo Cabral. "Podemos colocar a 40.000 personas en las calles -policías federales, estatales y municipales- y hacer el evento".
Duarte dijo que no era probable que los traficantes hubieran disparado un cohete antiaéreo al helicóptero aunque armas de ese tipo se han encontrado en los escondites de los criminales de Río en el pasado, al igual que otros armamentos pesados.
"Por la forma en que el piloto logró aterrizar no parece que haya sido atacado con un misil, tiene que haber sido un disparo de bala, pero es prematuro para saber qué tipo de bala", dijo.
La policía dijo que diez presuntos criminales murieron en los enfrentamientos y dos pobladores de la zona fueron heridos sin gravedad.
Al menos ocho autobuses fueron incendiados en barriadas cercanas. Los canales de televisión mostraban a conductores que huían para cubrirse en medio del fuego de armas automáticas en pleno día, en las peores escenas de violencia que la ciudad ha visto en varios meses.

Dejan libre a dos hombres que vigilaban un laboratorio de droga

Dos hombres detenidos por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico en un laboratorio de cristalización de droga descubierto cerca de Warnes, fueron puestos en libertad.La jueza cautelar Miriam Durán ordenó su libertad, al considerar su avanzada edad, además que uno de ellos se encontraba enfermo.Los hombres fueron capturados el miércoles en un laboratorio de cristalización de cocaína hallado a unos 20 kilómetros de Warnes, en el que, según la Felcn y la Fiscalía, se cristalizaban 40 kilos por día. Allí la Felcn se incautó de precursores químicos.El fiscal antinarcóticos Carlos Gutiérrez pidió la libertad de los detenidos al evidenciarse que vivían en la propiedad y que hacían de cuidantes, pero que nada tenían que ver con la actividad ilícita. La Felcn sigue las pesquisas para capturar a los dueños de la fábrica.

Evo critica a la CNN y a medios norteamericanos

En el marco de la Séptima Cumbre de los países la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), el presidente Evo Morales criticó a la cadena internacional CNN y a otros medios de comunicación de los Estados Unidos que no identificó, porque -según dijo-- estos medios humillan.

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Morales destacó, en cambio, la iniciativa venezolana que promovió la creación de la cadena de televisión Telesur que transmite, en directo, las deliberaciones de la reunión presidencial que concluye este sábado.
"Imagínense si no habría Telesur era el imperio de CNN. Yo trato de escuchar Telesur para estar mejor informado y mayor ubicado políticamente. Ahora cómo podemos avanzar mucho más allá con un periódico de circulación internacional Estados Unidos tiene tantos periódicos no sé cómo se llaman, siempre tergiversan, siempre ofenden, mienten", dijo el Mandatario.

Octubre traicionado; a seis años de la guerra del gas


Mirko Orgáz García; fuente: execlub.net

El programa de octubre fue traicionado. A seis años de la guerra del gas y a cuatro años de gobierno del MAS, la principal exigencia del pueblo boliviano de una verdadera nacionalización, refundación de las empresas estatales e industrialización de los hidrocarburos, proyecto que desestructuró el estado neoliberal, sepultó la partidocracia y derrotó los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa al costo de 67 vidas, no fue cumplido por el gobierno de Evo Morales.

Morales ganó las elecciones de 2005 gracias a la insurrección del pueblo boliviano los años 2003 y 2005 y para dar cumplimiento a esta demanda nacional. Con esa idea el pueblo boliviano lo abanderó como futuro presidente, a pesar que Morales no había participado protagónicamente en el desarrollo mismo de los acontecimientos de septiembre – octubre de ese año, mucho menos era partícipe de una nacionalización con expropiación.

Morales, ya en el gobierno, emitió el 1 de mayo de 2006 el Decreto Supremo 28701 de “nacionalización sin expropiación”, un contrasentido absoluto, que posibilitó en su efecto estatal, la legitimización de los contratos petroleros y la permanencia por 20 años más de las multinacionales que habían saqueado a los bolivianos en el marco de las leyes gonistas de Capitalización e hidrocarburos. Huelga decir que este decreto supremo expresó la pobreza programática de un gobierno reformista y liquidacionista del proyecto de octubre y de la más grande movilización social de la nación oprimida los últimos 50 años.

El 28701, en esencia, marcó una línea de continuidad del nuevo gobierno con la política neoliberal que priorizó la exportación de materias primas en detrimento del mercado interno y los procesos de industrialización y blindó constitucionalmente los contratos petroleros de las compañías extranjeras.

Morales, para ocultar su abandono a la Agenda de Octubre, junto a la estructura de poder derivada de la Capitalización, promovieron un proceso de etnicización de la política, al mismo tiempo la confrontación entre “indios” y “blancos”, “collas y “cambas”, “autonomistas” e “indigenistas”, con la finalidad de confundir y bloquear la polarización histórica del pueblo boliviano y el imperialismo por la querella del excedente, iniciada el año 2000.

En este marco, la expulsión del Embajador Philip Goldberg (ideólogo del separatismo en Bolivia) será más simbólica en tanto y cuanto el gobierno al no nacionalizar mantendrá las condiciones favorables para la explotación colonial de los recursos naturales de Bolivia.

En el balance, a seis años de la Guerra del Gas, no hay nacionalización, refundación de YPFB e industrialización de los hidrocarburos y en cuatro años de gestión del gobierno del MAS la partidocracia y el estado intermediario del saqueo de Bolivia, desestructurados el 2003, se han reconstituido.

La Agenda de Octubre: un proyecto económico y de poder
¿Qué fue la Guerra del gas en esencia? La Guerra del gas fue la más grande insurrección de la nación boliviana contra el estado neocolonial alrededor de un programa de carácter socialista que el año 2003 unió intersubjetivamente a todos los bolivianos en torno a la necesidad de nacionalizar, refundar YPFB e industrializar los hidrocarburos, tesis expresada en la frase “Gas para los bolivianos”.

El proyecto nacionalizador será entendido por el pueblo boliviano como un medio para crear las condiciones de justicia social, derechos humanos y liberación nacional (Marcelo Quiroga Santa Cruz) a partir del control y soberanía sobre los recursos naturales.

En esta dirección, la insurrección de octubre sepultó la estrategia de imponer mediante la fuerza los proyectos capitalistas de exportación del gas como materia prima a los Estados Unidos y Chile a partir de la emergencia de un nuevo nacionalismo encarnado en los sectores indígenas, clase obrera y sectores desposeídos que pidió la industrialización de este recurso en territorio boliviano a través de una empresa estatal y, sobre todo, exigió la nacionalización del excedente económico de este recurso, transferido dolosamente a las empresas extranjeras en el marco de la Capitalización.

La insurrección de octubre puso de manifiesto la crisis del modelo autoritario (Sánchez de Lozada-Banzer-”tuto” Quiroga-Sánchez de Lozada) de Capitalización-Exportación y de la nueva estructura de poder transnacional derivada de la emergencia de la riqueza del gas en cuyo centro estaban las compañías petroleras y la partidocracia intermediaria del saqueo (MNR, MIR, UCS, MBL-MSM). En su reverso mostró la unidad nacional alrededor de la querella por el excedente de los hidrocarburos.

La Guerra del gas fue una insurrección de la nación boliviana contra el estado neoliberal y sus leyes, la policía, fuerzas armadas y los grupos de poder. En su despliegue puso en crisis el Estado transnacional, las mediaciones partidarias liberales (neo-coloniales) y la llamada democracia pactada y representativa, demandando y ejerciendo democracia directa y un gobierno de la “gente para la gente”.

En su plexo geopolítico, octubre cuestionó la estructura continental de dominación imperial, pues al inviabilizar el esquema neoliberal dependiente en el país, demostró la inviabilidad de este modelo impuesto en Latinoamérica. En este sentido, Bolivia se constituyó en la cabeza política de los países del continente al propugnar cambios en la correlación de fuerzas entre las naciones explotadas y la metrópoli explotadora. Aquí se explica, la difusión de planes intervencionistas y divisionistas del país, como mecanismos ideológicos y concretos dirigidos a detener el proceso de radicalización del pueblo boliviano en torno a la nacionalización del poder y la economía en Bolivia.

A seis años de aquel acontecimiento insurreccional y cuatro del gobierno del MAS se intenta sepultar y liquidar este proyecto.

La importancia de los hidrocarburos en la memoria histórica
Se ha dicho que la cuestión de los hidrocarburos está vinculada a los grandes acontecimientos del país, por ejemplo, fue el motivo central de la Guerra del Chaco que enfrentó a bolivianos y paraguayos entre 1932 y 1935.

En 1936, las defraudaciones de la Standard Oil serán la base de la nacionalización del petróleo y la creación de YPFB que fue el primer acto de un auténtico proyecto nacional.

Marcelo Quiroga Santa Cruz decía que la Guerra del Chaco fue el parto de la nación boliviana que terminó incorporando al indígena al precio de su defensa de algo hasta entonces no le pertenecía. 50.000 muertos dan constancia de ese trágico viaje de los “aborígenes” a la dinámica y ritmo de la nación. Bolivia volvió a renacer en aquello apuros guerreros del chaco que pusieron en grave peligro su existencia y por esos caminos resurgió en el país una nueva energía cívica y política que terminó desestructurando el superestado minero feudal. Sin embargo, este proceso revolucionario será derrotado en abril por el MNR que en su incapacidad desarrolló y aplicó un programa que no fue ni Revolucionario ni Nacional (Marcelo Quiroga).

De esa tormenta creadora nació Bolivia, y la creación de YPFB fue el primer acto de afirmación de la soberanía nacional.

René Zavaleta describe este proceso de toma de conciencia alrededor de los hidrocarburos como punto de encuentro y fusión del desarrollo de la conciencia nacional. Almaraz, será más puntual cuando afirma que la nacionalización del petróleo (1937) fue la idea directriz, la tesis programática de un movimiento político cuyo rasgo preponderante será el nacionalismo. Esta tesis, plasmó su continuidad histórica en los gobierno de Toro, Busch y Villarroel, continuidad que se interrumpe en 1950 y se rompe definitivamente en 1955 con la aplicación del Código Davenport -elaborado a la medida de las empresas transnacionales- que va a generar un nuevo alineamiento de fuerzas por un lado nacionales y por otra parte antinacionales en torno a la valoración de este recurso y sus posibilidades trascendentales para el desarrollo del país.

El Código Davenport patentizó la estrategia norteamericana de apoderarse del petróleo. Aprobado en 1955, durante el gobierno de Víctor paz Estenssoro, liquidó YPFB y transfirió las áreas de reserva a la compañía norteamericana Gulf Oil Co. -que era la misma Estándar Oil nacionalizada en 1937- y fijó utilidades para el estado de apenas el 19% de la producción, lo que determinó que en términos generales 20% sean para el estado y 80% para la empresa.

Este proceso desnacionalizador terminaría el 17 de octubre de 1969, cuando el gobierno del General Alfredo Ovando Candia, decretó el fin de las concesiones de la Gulf Oil Co. y nacionalizó todos sus bienes.

El enfrentamiento por el excedente de los hidrocarburos continuará los siguientes gobiernos y mantendrá la tónica de una nación que lucha por conservar sus recursos naturales y por otro el entreguismo dispuesto a enajenarlos a favor del imperialismo.

La Capitalización y la Ley de Hidrocarburos
La Ley de Capitalización y la Ley de Hidrocarburos son parte de este largo proceso de enfrentamiento entre la nación boliviana y el imperialismo por el excedente de los hidrocarburos.

Aplicadas entre 1993 y 1997, la Capitalización y la Ley de Hidrocarburos 1689 fueron el epítome de un proceso histórico para consolidar al país como fuente principal de abastecimiento de recursos energéticos baratos hacia las potencias industriales que, al tupackamarizar YPFB, constituyeron un Estado débil y sin autonomía financiera como un país colonial de hace siglo y medio.

Más allá de la Participación Popular, la apertura externa o la Reforma de Pensiones, estas dos medidas de Gonzalo Sánchez de Lozada fueron el sustrato del neoliberalismo aplicado al país desde 1985 y desempeñaron un papel vital en la conformación de la nueva estructura de poder en manos de las empresas transnacionales que empezaron a controlar las reservas de gas como PETROBRAS (Brasil), Repsol- YPF (España), British Gas y British Petroleum (Inglaterra) y Amoco (Estados Unidos). Alrededor de estas empresas petroleras, se articularon tecnócratas del Gobierno, partidos liberales, grupos oligárquicos intermediarios del negocio, operadores técnicos y medios de comunicación, considerados como la nueva “rosca”. Veamos sus efectos económicos en la economía y la política nacional.

Con la Capitalización y la Ley de Hidrocarburos, la inversión extranjera aumentó del 4 al 45% sin modificar el total de las exportaciones del país: lo que antes beneficiaba al erario nacional, el neoliberalismo lo transferirá a las empresas transnacionales, generando escasez de recursos para cubrir las inversiones públicas en educación, salud y reactivación económica.

Por ejemplo, la privatización de YPFB, significó que el Tesoro General de la Nación deje de percibir 400 millones de dólares generados por la estatal petrolera, desequilibrio financiero que será compensado por el gobierno de Hugo Banzer con el alza de los precios de los carburantes y nuevos impuestos al consumo de hidrocarburos.

Por otro lado, las nuevas empresas “capitalizadas” dejaron de consumir la producción artesanal e industrial. Toda la artesanía e industria semi-pesada entró en crisis, se cerraron fábricas y muchos trabajadores fueron despedidos. En lugar de la creación de empleos y del crecimiento aumentaron los despidos. Miles de trabajadores del LAB, ENDE, ENFE, ENTEL y, sobre todo, de YPFB quedaron cesantes gracias a la Capitalización. Los pocos empleos generados por las capitalizadoras fueron destinados a un selecto personal extranjero. Regiones enteras se vieron empobrecidas. Antes de la Capitalización, Camiri, la capital petrolera del país, tenía 3.000 trabajadores petroleros divididos en trabajos de exploración y explotación y otros cientos de trabajadores ubicados en servicios petroleros en diferentes especialidades que requería la industria y que en conjunto alimentaban la economía de la región chaqueña. Aún más, los habitantes del Chaco contaban con una empresa que, más allá de realizar las fases de la industria petrolera, contribuía con caminos, postas sanitarias y con escuelas a su progreso. Con la Capitalización se liquidaron estos mecanismos de desarrollo.

En suma, el neoliberalismo empobreció a jóvenes obreros, indígenas, campesinos, artesanos, comerciantes, clases medias y regiones; aumentó el número de desocupados y vía Capitalización transfirió el excedente económico a las empresas transnacionales, ensanchando la masa de depauperados como expresión de un nuevo régimen de tipo colonial.

Este modelo privatizador aplicado desde 1985 generó que la población mayoritaria no pueda ser subsumida como clase asalariada y profundizó la masa de los desheredados en el campo y la ciudad. Los trabajadores del área urbana y rural disminuyeron; mientras que los cuentapropistas aumentaron. En las ciudades el trabajo informal creció y el 95% de personas del campo y el 60% de las ciudades registraron ingresos inferiores a dos dólares por día.

El proceso de pauperización derivado de la desigual especialización de la economía de Bolivia significó mayor expoliación y miseria de las masas y una reorganización de la producción nacional a partir de los intereses del mercado mundial. Bolivia con la riqueza del gas, antes que beneficiarse, se convirtió nuevamente en una pieza del engranaje del desarrollo del capitalismo mundial como con la Plata y el Estaño.

Esta externalización de plusvalor vía Capitalización, en base a la superexplotación del trabajo y las riquezas de la nación, configuraron nuevos sujetos con capacidad de enfrentamiento al Estado transnacionalizado, en el marco de la contradicción política nación oprimida versus imperialismo.

En síntesis, la brutal transferencia de plusvalor derivada de la explotación del país, constituyeron a la nación boliviana como bloque social de los oprimidos que subsumió las categorías clase y etnia. Las clases nacionales fundamentales del país empezaron a vivir la misma precariedad económica y a desarrollar los mismos intereses políticos contra la nueva estructura transnacional, conformada alrededor de la riqueza del gas.

La guerra del agua del año 2000
La privatización del agua el año 2000, activará las luchas nacionales -entendida como la unidad de las diversas temporalidades y modos de producción que coexisten en la formación social boliviana- como la única respuesta para destruir el nuevo esquema de poder neo colonial.

Lo nacional -que el gonismo había desmontado para aplicar la Capitalización entre 1993 y 1997- como entidad que se reconoce a sí misma y que persiste como fondo histórico de nuestra historia, se vislumbró en abril de 2000, en la Guerra del agua contra la privatización de las condiciones de vida.

Parafraseando a René Zavaleta se podría decir que la crisis de abril reveló lo que hay de nacional en Bolivia y fue al mismo tiempo un acontecimiento nacionalizador.

Tres años después, la nación boliviana conformará un nuevo Bloque histórico contra el Estado transnacional y autoritario en la Guerra del gas, en el marco de la Capitalización y la Ley de Hidrocarburos 1689, los dos proyectos centrales del neocolonialismo en Bolivia.

Los centinelas de la Capitalización
Antes de esa poderosa rearticulación nacional y popular, es necesario considerar los profundos efectos estatales de la Capitalización y la Ley de Hidrocarburos que constituyeron la trama de fondo de las prácticas y discursos del poder en Bolivia en el período.

El nuevo poder para relanzar la Capitalización en su segunda fase (1997-2002), -proyectos de exportación-, reforzó la estatalidad en su factum represivo, utilizando al máximo las ventajas derivadas de la situación de fuerza para crear las condiciones políticas y sociales favorables a los intereses de las compañías petroleras. La lógica de la industria petrolera aconsejaba un período de maduración de 10 a 15 años de los proyectos de exportación de gas. Empero, el poder petrolero en Bolivia, buscará viabilizar la exportación de gas a los Estados Unidos y Chile en el menor tiempo posible y a cualquier precio. Este razonamiento de las compañías petroleras, acelerará la polarización social alrededor de la defensa de los hidrocarburos y su industrialización en el país por empresas estatales.

Hugo Banzer Suárez fue el elegido por el poder petrolero para llevar adelante este nuevo esquema político y económico. Por lo demás, el hueco financiero dejado por la privatización de YPFB, que profundizaba la crisis económica de amplios sectores, requería de un programa político autoritario que sólo Banzer por su pasado dictatorial podía garantizar. Con Banzer, emergió una fase del Estado autoritario.

El dictador, en tres años de ejercicio gubernamental (1997-2000), completó el despojo de Gonzalo Sánchez de Lozada, rematando refinerías, poliductos y plantas de almacenaje de YPFB, creó el impuesto a los Hidrocarburos, -con el cual el pueblo pagaba de su bolsillo la crisis en la generación de excedentes dejado por la desaparición de YPFB- y desarrolló una política represiva para erradicar cocales en el Chapare.

El año 2000, el dictador elegido, creyó que el neoliberalismo había demolido lo nacional: privatizó el agua, a favor de un consorcio internacional denominado Aguas del Tunari.

La mercantilización del agua propiciará la fusión de sujetos de diversas historias y estructuras sociales, reconstituyendo lo nacional popular contra el Estado transnacional. En abril del año 2000, la nueva clase obrera, los campesinos y los sectores populares urbanos movilizados reducirán al Estado a fuerza pura y determinarán la expulsión de la transnacional Aguas del Tunari, producto del esquema de la Capitalización.

La oposición del gobierno de Bánzer a la solución del conflicto y sobre todo a la salida de la transnacional tenía como premisa: “Si hoy se trataba de Aguas del Tunari, mañana podrían ser las petroleras Maxus, PETROBRAS, Repsol o Transredes”. No se equivocaban.

El proyecto Pacific LNG de exportación de gas a Chile y EE.UU.
El año 2001, con el gobierno de Jorge “Tuto” Quiroga, la nueva estructura de poder transnacional busca consolidar los proyectos de exportación. Quiroga, en su corta gestión, mantuvo inalterable el esquema de la Capitalización beneficiando ilegalmente a las compañías e impulsando los proyectos de exportación a través del Proyecto Pacific LNG, conformado por las principales empresas “propietarias” del gas, a efecto de exportar este recurso, vía Chile, a los Estados Unidos.

Quiroga negociará a espaldas del país un puerto chileno para la exportación del gas. Este hecho que lastimaba la memoria histórica de la gente por la pérdida del Litoral en 1879, sumado a las ínfimas ganancias para el Estado boliviano del negocio, frustrarán el proyecto Pacific LNG.

La segunda presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), tendrá como programa fundamental relanzar la Capitalización a través de los proyectos de exportación, que Banzer ni “Tuto” pudieron materializar.

Sánchez de Lozada, el autor de la Capitalización, volvía para terminar la entrega del país. Seguirá el derrotero banzerista, convencido de que sólo con la fuerza, lograría imponer la venta del gas a Chile y vía Chile a los Estados Unidos. La estrategia gonista será aplicar la represión, como el único medio para anular la oposición del pueblo boliviano al Proyecto Pacific LNG. Se equivocaba, como Banzer en la Guerra del agua.

El inicio de la Guerra del gas
En febrero de 2003, Sánchez de Lozada decide crear nuevos impuestos provocadores de la reacción popular. Naturalmente, esta política desata movilizaciones populares y enfrentamientos entre policías y militares en pleno centro del poder ejecutivo con un saldo de 36 muertos y 200 heridos. El conflicto profundizó la crisis en la esfera de los aparatos de coerción del estado. Sánchez de Lozada, temeroso a una Policía permeable a la influencia social como había ocurrido en abril de 2000 en ocasión de la Guerra del agua con Banzer, aprovechó el conflicto para dejar la represión en manos exclusivas de las Fuerzas Armadas, con el desarme de la Policía Nacional.

Después del 12 y 13 de febrero de 2003, Sánchez de Lozada tenía control total sobre las Fuerzas Armadas para desarrollar una estrategia de guerra contra la nación boliviana con el fin de imponerle los proyectos de exportación de gas favoreciendo a las transnacionales petroleras.

La posición de Sánchez de Lozada de impulsar la exportación de gas aplicando una política colonial, represiva y autoritaria a favor de las transnacionales y potencias extranjeras, generará la reconfiguración y articulación más importante de lo nacional y popular e iniciará la Guerra del gas, entendida como el enfrentamiento de la nación oprimida con el imperialismo por el excedente económico de esta riqueza.

La insurrección de octubre sepultó la estrategia de imponer por la fuerza los proyectos de exportación.

La memoria de las luchas por los recursos naturales
La recuperación de la memoria de las luchas por los hidrocarburos es vital para entender la rearticulación de la nación boliviana el 2003.

Desarticulado el proletariado minero en la década de los 80, la estrategia ideológica del gonismo y sus epígonos será vaciar el problema nacional -conciencia de que somos un cuerpo histórico invadido y saqueado por lo extranjero- a través de la creencia de que Bolivia era un país “inviable” y “dividido” en regiones y etnias.

La desarticulación del proletariado minero por la casta maldita en los 80, facilitó este proceso ideológico y la consecuente apropiación material del patrimonio del país por empresas extranjeras. En este sentido, la aplicación de la Capitalización será expresión de la desarticulación ideológica de la nación, contenida en el proletariado minero, y del triunfo de un proyecto desnacionalizador de la economía y la política que contará con el apoyo de algunos sectores sociales e intelectuales conservadores al gonismo.

Sin embargo, desde la guerra del agua del año 2000, lo central de la crisis política y social será la latencia de la unidad de lo diverso, es decir, un proceso creciente de unidad de indígenas, obreros, campesinos, clases empobrecidas y depauperadas en torno a la lucha por el excedente económico y contra el Estado transnacionalizado.

La tranferencia de plusvalor del “modelo neoliberal” creará las condiciones materiales de este proceso, por un lado. Por otro, la recuperación de la memoria de lucha por los hidrocarburos se constituirá en la base política de esta unidad nacional y de la emergencia de un programa político alrededor de la nacionalización del gas.

Es decir, económicamente, la rebelión focalizada en El Alto, la ciudad más pobre del país, se articuló a partir del sentimiento de que los hidrocarburos, defendido en la guerra del chaco por los abuelos, era un recurso estratégico y el último para solucionar los problemas estructurales de pobreza y marginación. Las consignas “nacionalización” e “industrialización” de los hidrocarburos, contra su exportación como materia prima, fueron dos ideas movilizadoras que se vincularon a la realidad miserable de miles de bolivianos de la urbe alteña, invadiendo la mente de las masas insurrectas necesitadas de trabajo, desarrollo y bienestar. El gas se convertirá en una cuestión económica de vida o muerte para la inmensa mayoría del pueblo boliviano.

En síntesis, el gas no será un pretexto “unificador”, sino la base de una cuestión nacional, económica e histórica, que en octubre convocará y unirá a diferentes sectores explotados y oprimidos contra el sistema neoliberal y contra un Estado colonial, sintetizando un conjunto de demandas sociales y desplegando la larga lucha del pueblo boliviano contra el poder externo.

Bajo este horizonte de visibilidad, en septiembre, la ciudad de El Alto inició la lucha en defensa del último recurso de los bolivianos para su viabilidad como nación: el gas.

Cronología de la Guerra del gas
Así se precipitaron los hechos.

El 13 de septiembre de 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada, apoyado por el MIR, NFR y UCS, informaba seguro al mundo que era inminente el contrato de exportación de gas natural a México y Estados Unidos por un puerto chileno. Un negocio de y para las compañías, que dejaría para el Estado boliviano ingresos pírricos de 100 millones de dólares anuales.

Si bien al principio de las movilizaciones se dan una diversidad de demandas -no al ALCA, tierra-territorio, liberación del dirigente comunitario Huampu, autonomía para la universidad alteña, entre otras- la oposición al proyecto de exportación de gas por Chile será el punto común de todos los sectores sociales en apronte.

La Central Obrera Regional, la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos, CSUTCB, el Movimiento Sin Tierra realizan una marcha desde Caracollo que termina el 8 de septiembre con una huelga de hambre en Radio San Gabriel. El 17 de septiembre la junta de vecinos de El Alto impide con un paro de actividades la aplicación del formulario municipal Maya y Paya que pretendía aumentar los impuestos municipales.

El 19 de septiembre, la convocatoria de la Coordinadora de Defensa del gas, ente que agrupa a las más importantes organizaciones políticas y sindicales del país, llena las calles de manifestantes en las cuatro principales ciudades del país contra la venta de gas.

El gobierno moviliza la maquinaria represiva que había concentrado en el ejército desde febrero.

El ejército boliviano, cuya razón de ser es “recuperar el Litoral cautivo” de manos chilenas, sale a las calles a defender los intereses de las empresas que pretenden vender gas a Chile. Nada será más grave para las FF.AA. que la imputación de pro-chilenas.

El 20 de septiembre, el ejército asesina 7 comunarios en Warisata. El gobierno ratifica su posición de exportar gas a los Estados Unidos. El mensaje del poder es claro: viabilizar la exportación de gas a Chile y Estados Unidos cueste lo que cueste.

Entre el sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de octubre los militares asesinan 58 personas en El Alto.

La indignación es nacional.

El lunes 13 de octubre, miles de personas se descuelgan de El Alto con la consigna de no a la exportación del gas y exigen la renuncia del asesino Gonzalo Sánchez de Lozada. La dirigencia campesina a la cabeza de Felipe Quispe el Mallku se suma a este pedido.

Se desatan movilizaciones en todo el país.

3.000 mineros cooperativistas armados con dinamitas y viejos fusiles Mauser llegan a Patacamaya y 50.000 se alistan para avanzar hacia la ciudad de El Alto y La Paz. Llegan columnas de campesinos aymaras a la ciudad. Movimientos sociales desde múltiples puntos se desplazan armados hacia la sede de gobierno para combatir al Estado y enfrentar al aparato de guerra desplegado por el poder.

El vicepresidente Carlos Mesa se aleja del gobierno por los asesinatos. Oportuna u oportunista, esta medida plantea una salida liberal a la crisis estatal vía la sucesión que será seguida por la clase media paceña, partidos tradicionales, empresarios, Iglesia y medios de comunicación conservadores.

El martes 14, la clase media paceña asustada por la movilización nacional y popular que se radicaliza, en cuyo centro están los indígenas y mineros armados, se suma al conflicto a través de la reconocida periodista Ana María Romero, quien entra en huelga de hambre, solicitando “sucesión constitucional”: Mesa por Sánchez de Lozada. Un cambio para que nada cambie, como se verá en lo posterior. La idea de fondo es salvar la poca institucionalidad democrática liberal que queda.

El miércoles 15 de octubre, el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuyo último apoyo está en la Embajada norteamericana y las Fuerzas Armadas, convoca a un diálogo (¡después de asesinar más de 60 personas!) sobre tres puntos: referéndum consultivo para la exportación de gas, revisión de la Ley de Hidrocarburos y aprobación de la Asamblea Constituyente. Es demasiado tarde. Para la nación movilizada, sólo cabe la renuncia del masacrador de octubre.

En el plano internacional, los gobiernos de Lula y Kirchner retiran su apoyo al gobierno.

Por la mañana del jueves 16 de octubre, 300.000 personas, organizadas en juntas vecinales, mineros cooperativistas, clases medias empobrecidas, sectores populares y comunarios del altiplano empuñando la tricolor boliviana y la Whipala, se apropian de la sede de gobierno, invalidando el orden público, las leyes y la autoridad con el que se los condenaba a la exclusión, miseria y muerte. Es la mejor demostración de la unidad nacional.

La huelga de hambre se masifica en el país. Los guaraníes en el Chaco y ayllus en el norte de Potosí se movilizan y se suman al pedido de renuncia. El conflicto es nacional en términos discursivos y territoriales y amenaza con liquidar el sistema de poder.

Se vive un proceso pre revolucionario.

El poder gana tiempo y prepara varias alternativas: 1) Una salida militar a la crisis si no es aceptada la sucesión constitucional, 2) Una intervención militar extranjera al país, si la maquinaria represiva y militar del Estado es insuficiente.

El viernes 17, el último día del conflicto, 400.000 personas, desde diversos puntos de la ciudad y sectores sociales, bajan desde El Alto a la urbe paceña para expulsar del Palacio de gobierno a Gonzalo Sánchez de Lozada. Las Fuerzas Armadas se repliegan y abandonan al presidente. Al medio día, se conoce extraoficialmente que Sánchez de Lozada dejará la presidencia. Esta noticia, baja la tensión del conflicto. Los movilizados esperan. Por la tarde, Sánchez de Lozada fuga con ayuda de las Fuerzas Armadas y deja su renuncia a consideración del Congreso Nacional. Luego de una tensa espera, el Congreso en sesión extraordinaria acepta la renuncia y posesiona como Presidente a Carlos Mesa.

La táctica reformista y liberal se impone, bajo la mirada vigilante de los desheredados y desposeídos del sistema que han fracturado a los partidos políticos y el Estado transnacional, pero que no lo han derrotado totalmente.

Al final de la batalla, está en la conciencia del pueblo boliviano que la Guerra del gas no ha terminado y que el tiempo establecerá los nuevos términos del enfrentamiento entre nación oprimida y el imperialismo por la querella del excedente económico de este recurso.

Desde entonces, el país vivirá la confrontación entre un proyecto nacional popular que busca la nacionalización de la política y la economía y un proyecto transnacional oligárquico derivado de la Capitalización y la Ley de Hidrocarburos que utilizará todo el bagaje transnacional para derrotar o cuando menos bloquear las aspiraciones del pueblo movilizado.

Carlos Mesa fue posesionado como presidente el 17 de octubre y prefirió desde el principio de su mandato, antes que aplicar el programa nacional popular derivado de la insurrección, transar con el poder petrolero. No encontró nada mejor para apuntalarse y subsistir en el gobierno, en medio de un proceso de acumulación política radical alrededor de la nacionalización, que entregar al imperialismo su gobierno para el saqueo inmisericorde de la riqueza hidrocarburífera, apoyando la exportación masiva del gas como materia prima.

Sin embargo, Mesa no alcanzará el cometido de anular la querella por el excedente económico de los hidrocarburos. Su Referéndum de julio de 2004 será insuficiente para acabar con la polarización creciente de las masas alrededor de la nacionalización del gas, a pesar de la parafernalia mediática oficialista que lo catapultó como “ganador” del plebiscito. Los hechos se empecinaron en mostrar una realidad atravesada por este programa revolucionario.

Fue obligado a renunciar por la última movilización contundente del pueblo boliviano en mayo de 2005.

Después de esto, el poder transnacional consensuará con el sistema político, incluyendo al jefe del MAS, Evo Morales, un cóctel electoral circense para ganar tiempo y neutralizar la polarización política del pueblo boliviano movilizado en las calles: convocatoria a elecciones generales, Asamblea Constituyente y referéndum por las autonomías. El pueblo movilizado no había pedido nada de esto.

Evo Morales: un proyecto etnicista para bloquear la polarización en torno a la agenda de octubre
Después de la derrota de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa se desarrollaron dos estrategias para bloquear el programa de octubre: el indigenismo y el autonomismo. El enemigo principal de estas dos estrategias será la unidad lograda de la nación boliviana que articuló en octubre de 2003 un proyecto político alrededor de los hidrocarburos que derrotó el estado neoliberal y sus dispositivos de poder como las formas de representación partidocráticas.

Gonzalo Sánchez de Lozada, en su carta de renuncia, vaticinó el quiebre de la unidad nacional para evitar que Bolivia inicie transformaciones profundas. A partir de entonces, se profundizará y acelerará la confrontación regional, étnica y territorial en Bolivia y se crearán todas las condiciones teóricas, históricas y materiales para la guerra civil entre regiones y “naciones” de Bolivia.

No importará, en el cálculo del sistema de poder transnacional, la cantidad de muertos para lograr la división y la confrontación nacional, regional y local, como se demostrará posteriormente en la K´alancha-Sucre (3 muertos) o Porvenir-Pando(13 muertos).

Entonces, lo central del período 2005-2009 será crear una nueva polarización entre indios y blancos; collas y cambas; autonomistas y centralistas para destruir la unidad nacional y liquidar la polarización histórica entre la nación boliviana y el imperialismo por la querella del excedente.

Como se ha dicho, este plan de confrontación será impulsado por Evo Morales desde el momento de su posesión al imponer al país un discurso racista con la retórica de los 500 años de dominación colonial. Morales, para ocultar su incapacidad de aplicar el programa de octubre, promoverá un proceso de etnicización e indigenización de la política. Le seguirá la derecha fascista y racista que buscó a través de la oligarquía de la “media luna” la división del país vía la autonomía departamental como única y última forma para proteger los negocios petroleros de sus amos.

Ya en mayo de 2005, el sistema político en decadencia, incluido el MAS, frente al flujo revolucionario que buscaba la expulsión de las empresas petroleras transnacionales, había aprobado la Ley 3065 que otorgaba a Tarija, que tiene el 87% de las reservas de hidrocarburos de Bolivia, la propiedad y la exportación de gas al margen del estado central. En caso de nacionalización, las empresas guardaban bajo la manga este oculto dispositivo legal para precautelar sus intereses.

En lo posterior, ambos discursos del poder transnacional se plasmarán en la nueva Constitución Política del Estado y en los Estatutos autonómicos departamentales, que cuestionaron las mismas bases de la ciudadanía y el espacio territorial del estado y sobre todo, la propiedad de la nación boliviana sobre los recursos naturales que quedarán en manos de entidades débiles y etéreas como los “gobiernos departamentales” y las “naciones indígenas” (37 en total), fáciles de manejar por las empresas transnacionales.

A pesar de ello y como balance final del período, sin bien el indigenismo y el autonomismo, al propiciar la confrontación regional y étnica, bloquearon y postergaron las luchas del pueblo boliviano alrededor de una verdadera nacionalización y desviaron la disponibilidad social hacia temas secundarios como “autonomías”, “capitalidad”, “Asamblea constituyente”, no lograron respaldo y consenso del conjunto de los bolivianos para tomar las armas y emprender una guerra civil, supuestamente por el “proceso de cambio”, la “democracia” o la “libertad”.

Por ello a los indigenistas del gobierno y autonomistas de la “media luna” comprometidos con el quiebre de la unidad nacional y las matanzas de Sucre, Pando y Cochabamba, la historia no los absolverá.

Quedó claro que a las trasnacionales no les importaba, frente al ascenso de la nación boliviana, quién garantizaba desde el gobierno nacional o departamental su control sacrosanto sobre los recursos naturales y el excedente. Lo que les importaba era evitar otra insurrección del pueblo boliviano.

Balance a seis años de La Guerra del gas
La Guerra del gas de 2003 significó un proceso de acumulación política creciente que se concentró en la ciudad más pobre del país, El Alto.

La insurrección de octubre que tuvo su punto de partida en la denominada Guerra del agua del año 2000, que fue eminentemente urbana y en las Jornadas de septiembre del mismo año, que fue rural, sintetizó abril y septiembre, y en su densidad involucró a las clases nacionales fundamentales de la nación boliviana. En su despliegue, la Guerra del gas, dejó convertido en mil pedazos el Estado transnacional y las mediaciones partidarias liberales.

En perspectiva, tanto la Guerra del agua del año 2000, como la Guerra del gas del año 2003, mostraron la vigencia de las luchas por la nacionalización del excedente económico de los recursos naturales como el único medio serio contra el poder transnacional para salvaguardar la existencia nacional y las condiciones básicas del desarrollo de una nación.

La respuesta del poder petrolero a la movilización en defensa del gas de octubre de 2003 fue contundente: 67 muertos y más de 400 heridos.

Esta masacre del gas en pleno Siglo XXI se conectó a las masacre de Uncía, Catavi, San Juan y Amayapampa del siglo XX. La última perpetrada por Sánchez de Lozada en su primer gobierno.

La explicación de la ferocidad con la que actuó el gobierno asesino de Gonzalo Sánchez de Lozada hay que encontrarla en la lógica del poder transnacional y en los importantes intereses que se tejieron alrededor de la riqueza del gas.

Es decir, si bien Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueron crueles asesinos -que deben ser juzgados como tales- cuando asesinaron lo hicieron obedeciendo a un régimen de gobierno que expresó los intereses transnacionales y de un sector minoritario de la sociedad boliviana sin amor a la patria.

En octubre, el pueblo boliviano recompuso el bloque histórico triunfante de 1952 y 1979 contra el poder petrolero.

En ese contexto, los planteamientos étnicos y corporativos de una parte dirigencial e intelectual del movimiento aymara que hablaban de una “nación aymara” excluyente, quedaron rezagados por la fuerza de los hechos. Los indígenas movilizados en octubre, junto a los obreros y sectores desposeídos, desplegaron una interpelación para toda la nación boliviana.

Entonces la Guerra del gas fue la tesis que expresó el verdadero pensamiento del pueblo articulando campo y ciudad por encima de las diferencias en un sólo frente incontenible contra el Estado transnacional. La unión campo-ciudad, fue expresión de la superación de la desconfianza y del odio incubado por el poder que intentó separar arteramente la nación en “dos, tres o cuatro Bolivias” -”nación camba”, “nación chapaca”, “nación aymara”- para limitarla en su proyección histórica.

Se trató de una articulación lúcida que combinó las luchas coloniales con las luchas antiimperialistas. Un nuevo nacionalismo encarnado en los sectores originarios, clase obrera y clases empobrecidas que impidió la exportación del gas a través de un puerto chileno y pidió la nacionalización, refundación de YPFB e industrialización del gas en territorio boliviano y en su plexo geopolítico cuestionó la estructura continental de dominación imperial, al costo de 67 vidas.

Volver a octubre
A seis años de aquella gesta y cuatro años del “gobierno del cambio”, este proyecto ha sido traicionado, pero no derrotado.

Frente a la estrategia del poder petrolero para mantener su dominio sobre el país, vía la etnicización de la política, golpe de estado, guerra civil o intervención militar extranjera, el pueblo boliviano debe reorganizarse para reencauzar la Agenda de Octubre.

La nación boliviana busca una auténtica revolución social y económica para superar el empobrecimiento estructural que la constituye desde la fundación de la República.

Queda claro que las transnacionales que hoy miran al Litio no van a dar el brazo a torcer sino cuando el pueblo boliviano se levante como en octubre de 2003.

Muchas Interrogantes "´POSIBLE TERRORISMO EN BOLIVIA"

Michael Dwyer trabajando para Shell de Empresas de Seguridad

De sangre fría ejecución de irlandés Michael Dwyer en Bolivia - Sus padres hablan

¿Quintana encubridor de negociados?

Tv especial. Diputado del MAS dice que Juan Ramón Quintana sabe de negociados ¿Juan Ramón sabe quién trafica madera, quién trafica goma, quién se beneficia y a través de qué persona, es decir a través de testaferros? Entonces, Juan Ramón es cómplice o encubridor de los que han cometido delitos.

Programa: SIN LETRA CHICA
Canal: CADENA A
Conduce: Carlos Valverde
LA DISCRIMINACION DEL MAS, JUICIO DE RESPONSABILIDADES PARA LOS AFINES, JUICIO ORDINARIO PARA LOS OPOSITORES
Comentario Valverde: “Cómo es la vida, tan cambiante y tan diversa. Los periodistas y quienes trabajamos en los medios de comunicación siempre vamos a tener de qué hablar, de vez en cuando siempre aparece una cosa nueva.
Resulta que se abre la posibilidad de procesar a (ministro Juan Ramón) Quintana y a (prefecto de Pando, Rafael) Bandeira por el tema de los 33 camiones de contrabando y la fuga. “Los transportistas me han confesado, dice el abogado (Aurelio) Valenzuela, que han quedado absolutamente frustrados porque el ministro los ha abandonado en este tema, y se ha convertido en un elemento acusador contra ellos, siendo una persona que participó activamente y prácticamente ha inducido, instigado y ha coordinado esta acción”.
El periódico “La Prensa” está siendo acoquinado por el Gobierno por decir Evo o Gobierno negoció el contrabando, cuando todos sabemos que sí hubo una negociación, por ahí no llegaron a nada no sé.
Según el abogado de los contrabandistas, a los que él llama transportistas, sí llegaron a un acuerdo entre Quintana con los que cometieron el delito de contrabando.
Esto se pone tan fregado que la gente del Gobierno se largue con ésta: “El Gobierno del MAS no duda de la inocencia del ministro Quintana”. Y el diputado Jorge Silva conoce que el ministro Quintana conoce demasiado sobre los negociados en Pando convirtiéndose este hecho en un verdadero peligro para la oposición. “El ministro conoce las debilidades de la oposición, conoce sus negociados, conoce la forma de cómo han obtenido sus tierras, la forma cómo trafican la goma, la madera, quienes se han beneficiado a través de qué personas. Juan Ramón tiene mucha información sobre estos temas, es un peligro para la oposición, en especial para los que se sienten comprometidos con la información que tiene”, dice Silva.
Sobre lo que habla el diputado Silva uno no sabe si tiene idea de la gravedad de lo que ha dicho. Así que don Juan Ramón Quintana sabe de negociados ¿Sabe cómo se han obtenido las tierras si acaso fueron ilegales? ¿Juan Ramón sabe quién trafica madera, quién trafica goma, quién se beneficia y a través de qué persona, es decir a través de testaferros? Entonces, Juan Ramón es cómplice o encubridor de los que han cometido delitos.
Señor Silva, la oposición no necesita hablar, simplemente con lo que usted (señala) lo ha mandado al frente al señor Juan Ramón Quintana como cómplice, como encubridor y como un hombre que conociendo la comisión de un delito no los ha denunciado.
Ojo, Quintana es funcionario de Gobierno, es el segundo hombre en el Gobierno después del presidente de la República, y resulta que este hombre había sabido todo y no dice nada. Juan Ramón aparte de contrabandista es encubridor, estamos jodidos.
Claro, están pidiendo juicio de responsabilidades, y negando que el juicio contra Leopoldo Fernández vaya a Pando. Pero, Juan Ramón merece juicio de responsabilidades, porque ya ven venir el juicio del que aparentemente no se va a salvar, y yo sugiero a los parlamentarios que convoquen al señor Quintana porque le pueden abrir una causa por encubrimiento. No lo digo yo, sino porque dice el diputado Silva que dice sabe de esto, sabe de lo otro, es decir lo que está diciendo el diputado es que Juan Ramón está encubriendo.
Es así, porque para Juan Ramón Quintana quieren caso de Corte, y para Leopoldo Fernández, al que nadie vio, ¿se conoce a alguien que haya visto a Leopoldo Fernández instigando a la violencia el 11 de septiembre?, ¿hay grabaciones de ese tema o hay filmaciones de él convocando o instigando a la violencia?, ¿hay testigos de ello, o hay algún papel firmado por Fernández? Pero Juan Ramón Quintana, según el diputado Silva, tiene un “chorizo” (de información), pero de este otro caso (Fernández) no se sabe nada, nadie lo ha visto, nadie conoce que él haya dicho algo, pero Juan Ramón Quintana sabe quiénes son los picaros, quiénes robaron, quiénes estafaron al Estado y resulta que tiene caso de Corte y este señor (Fernández) no tiene nada.
El MAS refuta juicio ordinario para Quintana sobre el caso camiones. No, merece caso de Corte, un diputado señala que ministros de Estado gozan de privilegios, ¿Y acaso no gozan de privilegio un prefecto que es miembro del Poder Ejecutivo, así no sea presidente de la República y que ha sido elegido por votación directa?, son mucho tipos.
Vamos a seguir el tema y lo vamos a ligar con el caso de Leopoldo Fernández”.

Alba aprueba declaración para defender la Tierra


or PAOLA FLORES
The Associated Press
COCHABAMBA, Bolivia -- El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva convocará en noviembre a a los mandatarios cuyos países tienen territorio amazónico para defender ese hábitat del cambio climático, informó el presidente de Venezuela Hugo Chávez.
El mandatario venezolano dijo en la VII Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (Alba) que en una conversación telefónica, Lula le comentó que llamará a la reunión para aprobar un documento de consenso que será defendido en diciembre por el bloque en la Cumbre de Copenhague sobre cambio climático.
Seis países comparten en Sudamérica la Amazonia, una vasta área de jungla que es considerada el principal pulmón del planeta y cuya biodiversidad se ha visto amenazada debido a la creciente demanda de recursos renovables y no renovables que se encuentran en su seno. Los pueblos indígenas han sido los principales opositores a que se explote los recursos de esa región.
La Cumbre del Alba aprobó el sábado una declaración sobre "los derechos de la madre tierra" por iniciativa del presidente boliviano Evo Morales que será defendido por los países del bloque en la cumbre mundial sobre cambio climático.
Morales anunció que su país emprenderá una campaña internacional para que la Organización de Naciones Unidas (ONU) apruebe una declaración "sobre los derechos de la Madre Tierra".
"Yo no comparto eso de cambio climático, en el fondo es destrucción del medio ambiente", dijo el mandatario boliviano.
Chávez atribuyó al capitalismo salvaje el deterioro del ambiente con consecuencias mayores en los países pobres.
Seis países comparten la Amazonia considerado el pulmón del planeta. La defensa de la madre tierra está vinculada a la visión de las culturas indígenas andinas que llaman Pachamama (Madre Tierra) al planeta.
Los presidentes de Cuba, Raúl Castro y de Nicaragua Daniel Ortega fueron los grandes ausentes de la cumbre a la que asistieron Morales, Chávez, el presidente de Ecuador, Rafael Correa y primeros ministros de países caribeños que integran el bloque.
Correa regresó a su país el mismo viernes y no estuvo presente en las deliberaciones del cierre.
El Alba está integrado por Bolivia, Ecuador, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda.

Caso terrorismo, advierten con problemas a nivel internacional para presidente Morales

17 de Octubre de 2009 a las 11:16 por german
Radio noticias. Parlamentarios exigen que presidente boliviano aclare su situación en torno a muerte de extranjeros en Hotel Las Américas, podría enfrentar persecución judicial como Pinochet
POR CASO TERRORISMO, ADVIERTEN CON PROBLEMAS EN EL EXTERIOR PARA PRESIDENTE EVO MORALES
Santa Cruz: Por el bien del país el presidente Evo Morales debe aclarar el operativo del pasado 16 de abril realizado en el Hotel Las Américas donde fallecieron tres supuestos terroristas, demandó el presidente de la brigada parlamentaria cruceña, Oscar Urenda, luego de conocer el informe forense de la muerte del irlandés Martin Dwyler que contradice el vertido por la Policía boliviana luego del sucesos.
‘Si el presidente Morales no aclara esta situación, sino asume una investigación imparcial y no pone en claro su nombre y su participación en ello va tener problemas judiciales. En la mente de todos los ciudadanos del mundo está la imagen de un Augusto Pinochet detenido, perseguido, en Inglaterra por un juez español, fuera de su territorio porque tenía acusaciones gravísimas de vulneración de los derechos humanos’, indicó.
Por su lado el presidente del Senado, Oscar Ortiz, aseguró que el Gobierno está encubriendo mucha información del tema y que uno de los hombres claves es el oficial Walter Andrade, quien formó parte del operativo del Hotel Las Américas en Santa Cruz.
‘Lo que pasa es que (los ministros) Rada, Quintana y (el presidente) Evo Morales están muy nerviosos, saben que en algún momento tendrán que responder ante la comunidad nacional e internacional por un juicio. A Fujimori pese a que pasaron varios años pero le llegó (la sentencia) de cárcel por un caso similar, por haber ejecutado gente donde no había enfrentamiento’, indicó. (Fides)

Brasil quiere gravar entrada de capital extranjero



The Associated Press
BRASILIA -- Brasil pretende imponer un gravamen al capital extranjero para desestimular la entrada de fondos especulativos que en los últimos meses han provocado una fuerte valorización de la moneda local, el real, informó el sábado la prensa.
Según el diario Folha de S. Paulo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva dio su visto bueno a la creación de un tributo que castigaría a los capitales de corto plazo y tiende a desaparecer cuanto más tiempo la inversión permanezca en el país.
No fue posible confirmar la versión con fuentes del gobierno y el propio Lula eludió el tema cuando fue consultado al respecto el viernes durante una vista al estado nororiental de Pernambuco.
La moneda brasileña se ha valorizado cerca de 30% en lo que va del año, lo que desestimula el comercio exterior y la industrialización, al encarecer los productos locales y abaratar las importaciones.
El año pasado, Brasil aplicó un impuesto sobre operaciones financieras de 0,5% sobre capitales foráneos como respuesta a una drástica valorización del real, pero la eliminó ante el recrudecimiento de la crisis global en setiembre de 2008, que provocó la depreciación de la moneda local.
La nueva medida, que sería anunciada a inicios de la próxima semana, pretende desestimular la entrada de capital especulativo y eliminar la presión sobre la cotización del real.

Chávez amenaza con fuertes sanciones a bancos privados

By Associated Press
CARACAS
El presidente Hugo Chávez anunció el viernes la elaboración de un reglamento que contemple sanciones para los bancos privados que incumplan con el otorgamiento de créditos para los sectores agrícola, industrial e hipotecario.
En declaración difundida por la estatal Venezolana de Televisión, el gobernante indicó que los bancos tienen plazo hasta el primer trimestre de 2010 para cumplir con el 100 por ciento de la cuota de crédito que le corresponde para esos sectores.
Recordó que la banca privada y pública tiene la obligación de otorgar 10 por ciento de sus créditos a la cartera manufacturera ``con una tasa de interés de hasta 19 por ciento, ese es el techo''.
En la actualidad ``el cumplimiento no llega a 50 por ciento. Para el primer trimestre del 2010 deben estar en el 100 por ciento. Para los bancos que no cumplan haremos un reglamento de sanciones'', dijo el líder socialista en la madrugada del viernes en declaración difundida por la estatal Venezolana de Televisión.
Chávez ha dicho que los bancos fueron creados para ser intermediarios en el sistema financiero y proporcionar crédito a las personas para comprar viviendas o para producir alimentos u otros bienes manufacturados.
Esta no es la primera vez que el mandatario amenaza con ir en contra de los bancos que no cumplen con las regulaciones estatales.
En enero del 2008, amenazó con ``tomar'' los bancos privados que ignoren leyes que les exigen destinar casi un tercio de su cartera de crédito para préstamos a tasas preferenciales al sector agrícola, hipotecario y pequeñas empresas.
Ha amenazado con nacionalizar los bancos comerciales, pero no ha llevado adelante la mayoría de esas amenazas.
Por su parte, el ministro de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Jesse Chacón, anunció el viernes que el gobierno aprobó la madrugada del viernes un paquete de 27 medidas destinado a impulsar la industrialización y la producción en el país.
Entre las medidas aprobadas destaca la próxima creación de un fondo de financiamiento dirigido a sectores estratégicos de la economía como la agroindustria, la petroquímica y que incluye la producción local de repuestos para los sectores automotriz y manufacturero.
El gobierno también creará un ``fondo de preinversión'' para facilitar la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector industrial.
El ministro Chacón además señaló que la administración de Chávez se está evaluando una serie de beneficios tributarios que serían anunciados en breve, descartando la creación nuevos tributos o el aumentó de los ya existentes ``No está planteado crear nuevos impuestos o eliminar [los] existentes''.

Correa y Morales critican a indígenas

By CARLOS VALDEZ / AP
COCHABAMBA
Los presidentes Evo Morales, de Bolivia, y Rafael Correa, de Ecuador, advirtieron el viernes que la impaciencia de grupos indígenas y la presión de ``izquierdistas radicales'' hacen el juego a la derecha.
Así lo señalaron ambos mandatarios en sendos discursos en un encuentro con líderes sociales y pueblos indígenas que participan en la Cumbre Social del ALBA, Alternativa Bolivarianas para las Américas.
El encuentro se realizó en una casa campestre antes de la inauguración de la VII Cumbre de jefes de estado y de gobierno de los países del ALBA, que tiene lugar en esta ciudad situada en el corazón de Bolivia.
``Lo último en que debemos creer es que los cambios que hemos comenzado son irreversibles. No subestimemos al imperio'', dijo Correa, en evidente alusión a Estados Unidos, y se quejó por la ``impaciencia'' de grupos de indígenas en su país y por la presión de ``izquierdistas radicales''.
``Nos exigen más y más y con esa impaciencia hacen juego a la derecha. El mayor peligro para una revolución pacífica nace desde dentro por excesivas demandas'', dijo el mandatario ecuatoriano, quien se define como cristiano de izquierda.
Morales lo secundó: ``No puede ser que algunos hermanos sean instrumento del imperialismo. Es imposible resolver en tres años las injusticias de 500 años'', dijo el mandatario boliviano quien se quejó de que las estructuras estatales que en su país ``frenan los cambios'' que su gobierno intenta lograr. Correa llegó el jueves y se fue directamente a la mayor mina de estaño que administra el estado en el departamento andino de Oruro al sur donde sostuvo un encuentro con mineros y prometió concretar un acuerdo especial entre los gobiernos de Ecuador y Bolivia para la minería.

Morales regala a presidentes réplicas de diario del Che

Por CARLOS VALDEZ
The Associated Press
COCHABAMBA, Bolivia -- Una réplica de los diarios que el legendario guerrillero Ernesto Che Guevara escribió durante su campaña en territorio boliviano fue regalada por el presidente Evo Morales a sus colegas de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba) que celebran una cumbre en esta ciudad del centro de Bolivia.
Los dos textos, uno en cuaderno escolar con tapa roja y otro en una agenda alemana de 1967, les llegó a los mandatarios en una réplica del morral de cuero que los militares bolivianos le decomisaron al Che al capturarlo en las selvas bolivianas. Los textos están escritos con tinta azul, en una letra menuda pero legible, según mostró a la prensa internacional el Ministro de Culturas, Pablo Groux.
Se trata de una edición en facsímil del diario de "puño y letra" de Guevara. En la tapa de la agenda alemana hay una quemadura.
Los textos llevan el prólogo que escribió el entonces presidente cubano Fidel Castro en la primera edición del libro a finales de los 60 y otra introducción actual escrita por Morales. Las réplicas fueron regaladas a los presidentes de Ecuador Rafael Correa, de Venezuela Hugo Chávez, al vicepresidente cubano José Ramón Machado y a los primeros ministros de naciones del Caribe que participan en la Cumbre del Alba.
Groux dijo que las dos réplicas llegarán a Fidel Castro y a la familia del guerrillero en Cuba.
Guevara comenzó a escribir su diario en un cuaderno escolar desde el 7 de noviembre de 1966, cuando llega a las selvas del sudeste boliviano hasta diciembre del mismo año. En el reverso hay documentos manuscritos, correspondencia con Fidel Casto, esquemas probablemente sobre la guerrilla, recetas de cocina y algunos comunicados.
En la agenda alemana comenzó a escribir en enero de 1967 hasta un día antes de su asesinato el 7 de octubre de ese mismo año. El resto de las paginas están en blanco. En la parte final tiene una bibliografía "interesante", explicó Groux.
Una copia de esos diarios salió clandestinamente de Bolivia tras la campaña guerrillera y llegaron a Cuba donde las editó Castro.
En los años 80 los originales aparecieron en una casa de subastas de Londres a donde llegaron por militares que los transaron. El gobierno boliviano los recuperó y desde entonces están guardados en las bóvedas del Banco Central de Bolivia.
Groux dijo que se hace gestiones para que los documentos originales lleguen a un repositorio donde estén mejor conservados. Una copia de los 2.000 ejemplares serán regalados a mandatarios y bibliotecas importantes, dijo Groux.
Las anotaciones comienzan el 7 de noviembre de 1966. "Hoy comienza una nueva etapa", dice el texto en sus primeras líneas y se interrumpe el 6 de octubre de 1967 un día antes de que el "Che" fuera emboscado junto a su diezmada columna de 16 hombres.
"Cocinamos todo el día bajo una gran laja que servía de techo, a pesar de que yo no pase el día tranquilo", dice esa última página.
El 8 de octubre de 1967, Guevara fue ejecutado. Sus restos y el de otros guerrilleros fueron recuperados en 1997 y llevados a Cuba.

Se perfila un problema internacional por Rózsa

de Octubre de 2009 a las 09:00 por Zoe
El gobierno boliviano dice que asistirá a cualquier tribunal internacional. Gueder es presionado por fiscal para que vincule a cruceños con Rózsa. Analistas ven nuevo intento de amedrentamiento de Soza.

Indagación. Las muertes de Michael Dwyer (izq.) y Eduardo Rózsa son de interés de Irlanda, Hungría y Rumania
EL DEBER
Pablo Ortiz
Se perfila un problema internacional por Rózsa
Jurídico. El Vicepresidente dice que Bolivia asistirá a cualquier tribunal internacional a denunciar a los supuestos terroristas. El abogado de Magyarosi presentó una demanda en la embajada de Rumania
Los abogados de Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, ciudadano húngaro-rumano el primero e irlandés el segundo, presionan a sus gobiernos para que lleven el caso de las muertes de ambos ante un tribunal internacional para que se inicie una investigación sobre las circunstancias que rodearon al operativo del 16 de abril en el hotel Las Américas, en el que murió además Eduardo Rózsa, que tenía las nacionalidades boliviana, húngara y croata.
El 15 de octubre, Nyikos Atílla, abogado de la familia Magyarosi, interpuso una demanda ante la embajada de Rumania en Budapest por la muerte de Árpád en Bolivia. El recurso legal interpuesto consulta al país europeo por la muerte del hombre de 28 años, ya que Magyarosi nació en la región Székely, donde hay 2,5 millones de rumanos de etnia húngara.
El cónsul, según Atílla, le dijo que los ministros de Relaciones Exteriores de Hungría, Irlanda y Rumania se están aliando para impulsar una investigación internacional conjunta o, en caso de no lograr el permiso boliviano, realizar una denuncia acompañada por los reportes de autopsias y videos. Esto se presentará “cuando sea el mejor momento”.
Esto se suma al pedido expreso de la familia Dwyer a la cancillería irlandesa, que fue respondida con el apoyo del vocero de esta institución, según reportó el diario The Independent el jueves.
El vicepresidente, Álvaro García Linera, declaró que respalda la investigación que se lleva a cabo en Bolivia. Consideró que las autopsias y peritajes realizados sobre los cuerpos de Dwyer y Magyarosi en sus países de origen son privadas y no corresponden a organizaciones estatales.
García Linera aseguró que Bolivia acudirá a cualquier tribunal internacional a “explicar que eran mercenarios que por dinero vinieron a matar a bolivianos y a dividir Bolivia”.
Sin demostrar preocupación por una eventual acción conjunta de países europeos contra el Estado boliviano, García Linera consideró que las instituciones de otros países ‘deberían pedir disculpas a Bolivia’ porque hubo ciudadanos de sus países ‘que vinieron a matar a bolivianos con armas de grueso calibre’ y eran personas que ‘querían destruir la unidad de la patria’.
“En un sentido de convivencia de instituciones, deberían pedir disculpas por esa actitud”, añadió.
En el ámbito local, García Linera no quiere aludir a instituciones cruceñas con el caso de supuesto terrorismo. Consultado sobre si los informes de la Unidad de Investigaciones Financieras ligaban a cooperativas, empresas, asociaciones y organizaciones cruceñas en la financiación del supuesto grupo de Eduardo Rózsa, el Vicepresidente recordó que los delitos son personales y es el Ministerio Público el que, a través de la Unidad de Investigaciones Financieras, el que tiene que encontrar los elementos de juicio necesario para presentarlos ante el juez competente.
Para García Linera, los datos de la investigación no hacen más que confirmar que había un grupo de mercenarios que vinieron a dividir el país y que fueron financiados por personalidades empresariales.
“A ellos hay que meterlos en la cárcel para que nunca nadie más intente dividir el país”, dijo la autoridad.
Para la oposición congresal, El Gobierno tendió una trampa a líderes y empresarios cruceños que creyeron en Rózsa y ahora están con las ‘voces embargadas’.
Comunidad internacional
Abril. Representantes de Hungría y de Irlanda estuvieron en Santa Cruz y en La Paz luego de la muerte de sus ciudadanos. El Gobierno húngaro fue más insistente e incluso el Ministro de Relaciones Exteriores se quejó de la falta de información de Bolivia.
Legal. Irlanda actuó de forma más institucional y luego de repatriar el cuerpo de Michael Dwyer, lo sometió a un examen posmorten en el condado de Dublín. Se realizaron pruebas de laboratorio y análisis cuyos resultados tardaron más de seis semanas en estar listos. Éstos no fueron dados a conocer a la prensa ni a la familia hasta el 13 de octubre, cuando fueron expuestos en una audiencia judicial.
Resultados. Una pericia forense a cargo de oficiales de policía de Budapest dio como resultado que Árpád Magyarosi fue asesinado con siete disparos en el cuerpo cuando estaba en posición de rendición. No murió desangrado, sino ahogado en su sangre por falta de ayuda médica. En la autopsia de Dwyer se llegó a la conclusión de que falleció por un solo disparo de arma de fuego que le perforó el corazón. Estaba sentado o echado en su cama.
Procesos. El abogado de la familia Magyarosi ha interpuesto una demanda por asesinato, torturas, privación de asistencia médica seguida de muerte e intervención policial ilegal contra desconocidos en la Policía de Hungría. También ha consultado a Rumania cuáles son los avances de la investigación.
Irlanda. Hay una investigación de las causas de la muerte abierta en Dublín, pero además la familia de Michael Dwyer solicita una indagación internacional sobre los hechos del 16 de abril en Santa Cruz.
Soza ataca al diputado Montenegro
El fiscal que investiga el caso de supuesto terrorismo, Marcelo Soza, se estrelló ayer contra el diputado de Podemos Bernardo Montenegro. El parlamentario, que forma parte de la Comisión Especial de la Cámara Baja, que realiza una investigación paralela de los hechos, había amenazado el martes con enjuiciar al representante del Ministerio Público por obstaculización de la averiguación de la verdad, ya que no había enviado los documentos del caso requerido por la comisión ni entregado las copias de los discos duros de las computadoras que se incautaron en el hotel Las Américas.
En esa oportunidad, Montenegro acusó a Soza de ser funcional al Gobierno y haber tomado una declaración a Wálter Andrade, capitán de Unidad Táctica de Resolución de Crisis de la Policía, que fue fotografiado junto a Rózsa, para evitar que declare ante la comisión.
Soza atacó ayer al diputado. “Lamentablemente Bernardo ‘Cantinflas’ Montenegro, por las estupideces que habla por el parecido, está incurriendo en el delito de desacato y va a tener que responder ante la justicia por todas las versiones que dijo”, aseguró Soza. Conminó al diputado a demostrar que él está relacionado con el Gobierno o a atenerse a las consecuencias jurídicas.
Gueder dice que recibe presiones del fiscal Soza
Denuncia • Aseguró que se le muestra fotos para que vincule a personas con Rózsa.
La Razón
El ex unionista Juan Carlos Gueder Bruno, implicado en el caso terrorismo, denunció ayer que investigadores de la Fiscalía lo presionan en celdas de la Policía Judicial para que vincule a personas con la supuesta organización terrorista liderada por Eduardo Rózsa Flores.
“La gente de la Fiscalía ha estado viniendo aquí (celdas) para que yo reconozca (a quienes estén en) fotos y otras cosas así”, denunció el ex unionista y acusado de proveer armas, junto a Alcides Mendoza, al supuesto grupo irregular desarticulado.
Además denunció, según reportó PAT, que el fiscal Marcelo Soza impidió que le suministren sus medicamentos para paliar el mal cardiaco que padece.
Luego de declarar por el caso terrorismo, Gueder y Mendoza guardaban detención domiciliaria, desde abril pasado en Santa Cruz. Se los volvió a convocar y el lunes prestaron declaraciones, esta vez por alzamiento armado.
Soza decidió su aprehensión a la espera de una audiencia de medidas cautelares, que definirá su situación jurídica. Los acusados, a través de sus abogados, presentaron un recurso de acción de libertad que salió a su favor.
Gueder solicitó a Soza dar cumplimiento a la decisión judicial y dejarlo, junto a Mendoza, en libertad. “Yo pediría al fiscal Soza que se ponga la mano al pecho y se convierta en un héroe de la justicia”, reflexionó.
Mientras tanto, el fiscal aseguró que no reconoce la decisión de la justicia de Santa Cruz y que, por lo tanto, no los dejará libres.
Un operativo policial desarticuló al grupo y mató a Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer.
Analistas ven nuevo intento de amedrentamiento de Soza
Soza tiene en sus manos un supuesto informe de la Unidad de Investigación Financiera con el que comenzará a perseguir de nuevo a los cruceños, El presidente cívico Luis Núñez exigió pruebas.

EL DÍA
Sábado, 17 de Octubre, 2009
Dos analistas políticos, Jimena Costa y Carlos Cordero, coinciden en afirmar que el caso de supuesto terrorismo nunca debió abandonar el terreno jurídico para convertirse en un instrumento político de presión y amedrentamiento a los opositores al gobierno de Evo Morales.
y el panorama se torna más confuso con la aparición de informes de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) con los cuales el fiscal Marcelo Soza pretende citar de nuevo a varios cruceños.
“Es un instrumento para mantener atemorizada a la oposición en el oriente y de esta manera impedir su rearticulación antes de las elecciones”, dijo Costa al señalar que el tema de alzamiento armado es otro montaje.
Por su parte Cordero dijo “terrorismo, 33 camiones, Porvenir y corrupción, son temas incómodos para la administración Morales, conforme estos temas presenten nuevas revelaciones que impliquen a funcionarios de gobierno en su organización y participación, el gobierno irá buscando alternativas para reactivar la ofensiva contra la oposición con la finalidad de recuperar la atención contra el oponente”, subrayó al mencionar que hasta el 6 de diciembre podrían existir muchas sorpresas desagradables en las que se buscará hacer daño al adversario sin importar las consecuencias.
Por su parte el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, negó ayer ser una de las firmas autorizadas para entregar fondos a la presunta célula terrorista. “Ese es un invento, quiero ver las pruebas”, dijo la autoridad.
Por otro lado el ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa, Hernán Cabrera, cuestionó el prolongado impedimento de ocho semanas otorgado por un médico policial a Andrade con la finalidad de protegerlo que no declare en el caso de la agresión a Unitel.
Sobre el tema, el fiscal Mario Mercado advirtió con procesar en rebeldía y contumacia si es que el capitán Andrade no se presenta a declarar en el caso.
Guerra verbal entre Cantinflas y Tinelli
‘Es un Cantinflas” • Lamentablemente Bernardo “Cantinflas” Montenegro, por el parecido y las estupideces que habla y por ganarse una pega en el Parlamento, porque no está en ninguna lista está queriendo recomendarse a algunos políticos para que lo pongan y no es nada ético, es un diputadillo y esa es la razón por la cual está atacando la dignidad de mi autoridad.
Es un Tinelli • Ese fiscal Marcelo “Tinelli” Soza no tiene moral para criticarme. Se molesta porque le pido explicaciones sobre la documentación que maneja discrecionalmente cada que el Gobierno se lo manda para empezar a perseguir a la gente opositora y que calla cuando empiezan a aparecer correos electrónicos que vinculan al Gobierno y que también encubre a Andrade.

Ante la aparición del ex guerrillero del MRTA, Martín Serna, quien secuestró en 1995 al empresario y ahora candidato a la presidencia, Samuel Doria Me

Ante la aparición del ex guerrillero del MRTA, Martín Serna, quien secuestró en 1995 al empresario y ahora candidato a la presidencia, Samuel Doria Medina, exigieron que el Gobierno dé explicaciones sobre la relación que tienen con un gobierno, como el de Venezuela, que otorga un documento con numeración venezolana. “Le pediré al fiscal Uribe que le mande un cuestionario a Hugo Chávez el por qué se protege a terroristas en el país”, afirmando que el miembro del MRTA, Martín Serna, estaría siendo protegido por dicho Gobierno, puesto que se le había expendido. Doria Medina insistió en que es importante que se trate el tema de terrorismo y que se va a hacer con el ex reo, resaltando que si bien no se revela el lugar donde se encuentra, esperemos que también el terrorismo que se origina en el Gobierno también sea revelado. En su oportunidad, el presidente de la cámara de Senado, Óscar Ortiz, insistió en que su carta estaba referida a este tipo de actividades que vinculaban al gobierno de Venezuela con grupos paramilitares, y que un claro ejemplo es lo que sucede con Martín Serna, ahora identificado como Wilfredo Idigora. “El vicepresidente tiene que aclarar por qué cobijan a gente que ha estado vinculada al terrorismo, tiene que aclarar relaciones con los que protegen al terrorismo”, enfatizó Ortiz.

Banegas denuncia manipulación en informe médico de Andrade

Ante el impedimento médico que se le dio al ex miembro de la Utarc, Walter Andrade, expedido el pasado 5 de octubre y una declaración que le realizó el fiscal Marcelo Sosa en la misma cama de hospitalización, y una baja medica de ocho semanas, para el diputado opositor Pablo Banegas, es una acción manipuladora en beneficio del Gobierno. “Sosa le toma su declaración al señor Walter Andrade, pero ese mismo cinco de octubre establece que tiene ocho semanas de impedimento, teniendo que declarar el 5 de diciembre, un día justo antes de las elecciones, es porque lo están utilizando el tema político”, enfatizó Banegas. Así mismo, sostuvo que no se sabe cómo declaro Andrade, “lo que se tiene que ser claro es que el Gobierno lo oculta, hay una oscuridad para que este señor no salga a la luz pública y que no diga lo que tiene que decir para que de una vez se acabe esta telenovela venezolana”, insistió. Banegas agregó que el informe médico estaría siendo manipulado, porque una persona que tiene un impedimento de ocho semanas como puede declarar, esta situación siguen muchas más dudas.

Manfred llega a Santa Cruz a intensificar su campaña

El candidato presidencial estaba un poco rezagado pues Evo y Samuel han sentado mayor presencia en una de las mayores plazas de votación.
El candidato presidencial por Convergencia Nacional, Manfred Reyes Villa, llegó ayer a Santa Cruz en una especie de “reclamar su territorio” y dar pelea a sus dos rivales inmediatos, Evo Morales y Samuel Doria Medina, que prácticamente han centrado su campaña en este departamento, el segundo de mayor población registrada en el padrón electoral.Manfred Reyes estuvo primero en la universidad Domingo Savio donde le habló a los jóvenes sobre su programa de gobierno, basado fundamentalmente en el restablecimiento del Estado de Derecho que se ha perdido en este gobierno.Al salir dijo que estaba abierto a cualquier debate, a propósito del reto que le ha hecho Samuel Doria Medina al presidente Evo Morales.Posteriormente se trasladó hasta la ciudad de Montero, ubicada a 50 kilómetros al norte acompañado de Gigi, la hija de Leopoldo Fernández, y juntos se presentaron en una proclamación a una cuadra de la plaza principal.“Quienes piensan diferente a este gobierno terminan en San Pedro como mi padre”, dijo Gigi en uno de los momentos más emotivos al recordar a Fernández ahora privado de su libertad.Manfred Reyes estuvo también secundado por el candidato a primer senador, Germán Antelo y los candidatos a diputados de esa circunscripción, Gerardo Rosado, Ericka Claure, Luis Ferrante, Raquel Arrellano, entre otros.
Hay varios candidatos ‘seguros’
En Santa Cruz uno de los temas recurrentes de los candidatos a diputados uninominales es el tema de la inseguridad.El candidato de la C-50 de Convergencia Nacional, Carlos Subirana Gianella, ofrece impulsar un proyecto de ley para endurecer las penas.Asimismo el candidato por la C-54 por el UN, Alfonzo Román, dijo ayer que una de las mayores preocupaciones de la gente cuando recorre su zona, es precisamente la falta de seguridad.El tema es tan álgido que el candidato a prefecto, el general jubilado Freddy Soruco, se ha puesto un chaleco y anunció que ‘no se lo aflojará’ hasta llegar al sillón. Sin embargo, existe mucho escepticismo de la gente porque fueron las mismas promesas de anteriores comicios.

Analistas ven nuevo intento de amedrentamiento de Soza

Soza tiene en sus manos un supuesto informe de la Unidad de Investigación Financiera con el que comenzará a perseguir de nuevo a los cruceños, El presidente cívico Luis Núñez exigió pruebas.
Dos analistas políticos, Jimena Costa y Carlos Cordero, coinciden en afirmar que el caso de supuesto terrorismo nunca debió abandonar el terreno jurídico para convertirse en un instrumento político de presión y amedrentamiento a los opositores al gobierno de Evo Morales.y el panorama se torna más confuso con la aparición de informes de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) con los cuales el fiscal Marcelo Soza pretende citar de nuevo a varios cruceños.“Es un instrumento para mantener atemorizada a la oposición en el oriente y de esta manera impedir su rearticulación antes de las elecciones”, dijo Costa al señalar que el tema de alzamiento armado es otro montaje.Por su parte Cordero dijo “terrorismo, 33 camiones, Porvenir y corrupción, son temas incómodos para la administración Morales, conforme estos temas presenten nuevas revelaciones que impliquen a funcionarios de gobierno en su organización y participación, el gobierno irá buscando alternativas para reactivar la ofensiva contra la oposición con la finalidad de recuperar la atención contra el oponente”, subrayó al mencionar que hasta el 6 de diciembre podrían existir muchas sorpresas desagradables en las que se buscará hacer daño al adversario sin importar las consecuencias.Por su parte el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, negó ayer ser una de las firmas autorizadas para entregar fondos a la presunta célula terrorista. “Ese es un invento, quiero ver las pruebas”, dijo la autoridad.Por otro lado el ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa, Hernán Cabrera, cuestionó el prolongado impedimento de ocho semanas otorgado por un médico policial a Andrade con la finalidad de protegerlo que no declare en el caso de la agresión a Unitel.Sobre el tema, el fiscal Mario Mercado advirtió con procesar en rebeldía y contumacia si es que el capitán Andrade no se presenta a declarar en el caso.
Guerra verbal entre Cantinflas y Tinelli
‘Es un Cantinflas” • Lamentablemente Bernardo “Cantinflas” Montenegro, por el parecido y las estupideces que habla y por ganarse una pega en el Parlamento, porque no está en ninguna lista está queriendo recomendarse a algunos políticos para que lo pongan y no es nada ético, es un diputadillo y esa es la razón por la cual está atacando la dignidad de mi autoridad.Es un Tinelli • Ese fiscal Marcelo “Tinelli” Soza no tiene moral para criticarme. Se molesta porque le pido explicaciones sobre la documentación que maneja discrecionalmente cada que el Gobierno se lo manda para empezar a perseguir a la gente opositora y que calla cuando empiezan a aparecer correos electrónicos que vinculan al Gobierno y que también encubre a Andrade.
VISTAZOS
Investigan a tres fiscales por racismoTres fiscales de Chuquisaca, entre ellos la actual fiscal del Distrito, Ana María Lía, serán investigados por el Ministerio Público por haber incurrido en supuestas faltas disciplinarias graves en la investigación de los hechos ocurridos en Sucre el 24 de mayo de 2008, según informó la Inspectoría General de esa institución. Los hechos se remontan al 24 de mayo de 2008 cuando campesinos afines al MAS fueron humillados. /ANF
Loayza amenaza con huelga por su siglaEl candidato presidencial Román Loayza amenazó con declararse en huelga de hambre si es que la agrupación Gente le quita su apoyo como anunciaron debido a que según las encuestas no alcanzaría el 3% de votos y eso le implicaría perderla y tener que pagar multas.Loayza dijo ayer que no se rinde a pesar de haberse quedado solo sin su candidato a vice, Porfirio Quispe, y seguirá en carrera hasta el 6 de diciembre.
Masista critican los huevos de SamuelEl senador del MAS manifestó que la actitud de los candidatos y militantes del UN es parte de la guerra sucia que encara la oposición y que en todo caso "deberían dárselos a su jefe", Doria Medina.Fue una reacción a propósito de la actitud de dirigentes del UN que llegaron hasta la Plaza Murillo para regalarle huevos al presidente Evo Morales a fin que acepte el debate con Samuel Doria Medina y no le esté rehuyendo.

Cuatro partidos se unen contra Evo

Denunciaron a la CNE uso de medios y propaganda del MAS en meCuatro partidos políticos denuncian a los medios de comunicación estatales por violar el Código Electoral, privando de los espacios publicitarios que por ley deberían haber cedido el canal estatal de televisión, la radio Patria Nueva y el periódico Cambio para la difusión de propaganda de organizaciones políticas no oficialistas.La denuncia presentada, en principio, por los representantes de Convergencia Nacional de Manfred Reyes Villa contra el directorio del canal estatal por violación del tiempo de propaganda gratuita que les otorga la ley. Esta acción fue secundada este viernes por los delegados de otros tres partidos políticos y ampliada a otros dos medios de comunicación gubernamentales que también incumplieron la normativa.El memorial entregado a la Corte Electoral está firmado por los delegados José Luis Orihuela (Unidad Nacional), Raúl López (Pulso), John España (BSD) y José Oña (Convergencia Nacional).El portavoz de Convergencia Nacional, Erick Fajardo, confirmó la presentación de un memorial a la Corte Nacional Electoral (CNE) solicitando que los responsables de Televisión Boliviana, radio Patria Nueva y el matutino Cambio comparezcan en audiencia ante el pleno del organismo electoral."El Gobierno reincide en el abuso de poder. Ha vuelto a violar el Código Electoral, el reglamento de Propaganda Electoral y varias resoluciones aprobadas por la CNE, privando a los partidos de oposición del derecho que les asiste a disponer de un espacio publicitario en los medios del Estado", afirmó.En el caso de radio Patria Nueva, se realizó un sorteo en el que se cede un espacio de tiempo menor del que la ley instruye y en el caso del periódico Cambio, ni siquiera se hizo el sorteo de espacios, sino que se confiscó de manera arbitraria los espacios de propaganda de los partidos de oposición", agregó.Consultado sobre la sanción por este tipo de transgresión a la norma electoral, Fajardo aseveró que corresponde la destitución de los funcionarios del canal estatal responsables del delito electoral."Si se tratara de medios de comunicación privados se les multaría con un sobrecargo por el doble de la tarifa por minuto no emitido de propaganda, pero en el caso de los medios del Estado no se puede cobrar dineros, sino que corresponde la destitución del funcionario responsable", aseguró.dios oficialistas.