Niegan libertad a ex unionistas, ofrecen denuncia internacional

Jaime Escalante Salazar Los ex miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, aprehendidos por delito de alzamiento armado, se encuentran detenidos en la ciudad de La Paz. Ayer la Sala Penal Segunda de la Corte de Distrito de Santa Cruz, dispuso la acción de libertad para los ex unionistas, instancia que también resolvió el traslado de los citados hacia la ciudad de Santa Cruz. Abogados de los ex unionistas recusaron al juez suplente del Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de la Corte Superior de La Paz. “La procedencia de esta recusación evitó la realización de una audiencia cautelar sin jurisdicción e ilegal”. Expresó la defensa mientras que el Ministerio Público buscaba la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para los dos investigados. Además Raúl Corro, abogado de Alcides Mendoza, señaló que su cliente debe ser puesto en libertad inmediatamente, “ya no debe someterse a medidas cautelares mientras no cese este hostigamiento y persecución política”, dijo. También el abogado de Gueder Bruno, expresó que su defendido tiene que ser investigado pero en la jurisdicción de Santa Cruz, ”estas son ilegalidades y atropellos”, enfatizó. Para el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Oscar Urenda, la aprehensión de Gueder y Mendoza, acusados de alzamiento armado, es completamente ilegal. “La jurisdicción y competencia del caso terrorismo le corresponde a Santa Cruz y no la ciudad de La Paz, no pueden actuar fuera de este marco de la ley”, afirmó. “Se está violando los derechos fundamentales de Gueder y Mendoza, ya que están siendo sometidos a jueces y fiscales que están al servicio del Poder Ejecutivo”, sentenció. Juan Carlos Gueder Bruno se encuentra en una de las celdas de la Policía Judicial de la Corte Superior de La Paz y Alcides Mendoza continúa internado con custodia policial en el Hospital de Clínicas recibiendo un tratamiento médico. “Ambos están a la espera de ser liberados o puestos a consideración de un juez de medidas cautelares”, relató el fiscal investigador. El representante del Ministerio Público de La Paz, Marcelo Soza, lleva adelante las investigaciones aduciendo que la jurisdicción corresponde a ese distrito judicial, pese a que la defensa de los ex unionistas recusó a los jueces. “Las decisiones del Fiscal Soza en continuar con las investigaciones es netamente política”, afirmó Denver Pedraza. La esposa de Gueder Bruno, Martha Ladívar, ayer en horas de la mañana acudió hasta las oficinas de la Corte de Distrito de Santa Cruz, “estoy aquí para recibir la documentación que remitan los vocales a la ciudad de La Paz, mi esposo tiene que regresar”, afirma. Sin embargo, la audiencia cautelar fijada para la tarde de ayer fue suspendida nuevamente, la acción de libertad emanada de la Sala Penal Segunda de la Corte de Distrito de Santa Cruz y una recusación presentada por los abogados de Gueder y Mendoza inhabilitó a los jueces que querían conocer la causa. Por su parte el juez octavo de la capital cruceña, Luis Hernando Tapia Pachi, que nuevamente tendrá en su juzgado los expedientes del caso terrorismo, recibió ayer una tercera citación de la Fiscalía de La Paz para que preste su declaración informativa el próximo lunes. “Tenemos que denunciar los atropellos e ilegalidades del poder ejecutivo ante los organismos internacionales”, expresó. El Ministerio Público de la ciudad de La Paz, le atribuye al juez cruceño la comisión de los delitos de, Uso indebido de influencias, Resoluciones contrarias a la Constitución y a la Ley, Incumplimiento de deberes, Impedir o estorbar el ejercicio de funciones y Prevarito. “No reconozco jurisdicción ni competencia a ningún fiscal ni juez de La Paz, estos hechos son los abusos y atropellos que está cometiendo el Poder Ejecutivo queriendo someter al Poder Judicial”, sentenció Tapia Pachi. TEXTUAL La ley es una para toda Bolivia y les quiero preguntar a las autoridades judiciales de La Paz si quieren respetar y acatar las resoluciones dictadas por Santa Cruz de la Sierra o seguirán actuando fuera de la ley” Pido justicia para mi esposo que se lo han llevado ilegalmente, está delicado de salud y no puede estar en La Paz. Estoy a la espera de que derechos humanos se pronuncie pero hasta ahora no he tenido respuesta”