Marco Chuquimia. La PazLos diputados opositores que integran la comisión que investiga un supuesto brote de terrorismo en Santa Cruz anunciaron que iniciarán un proceso contra Marcelo Soza, fiscal que investiga el caso, por obstrucción en la averiguación de la verdad, ya que hasta el momento no remitió los informes solicitados sobre el contenido de los discos duros de las computadoras que se incautaron en el operativo del 16 de abril en el hotel Las Américas. La afirmación corresponde al diputado Bernardo Montenegro (Podemos), que denunció que hasta ahora los peritajes solicitados no fueron enviados. Los parlamentarios accedieron a cinco legajos de documentos enviados por un policía y otras fuentes ajenas al Ministerio Público.Los documentos que fueron remitidos a la Cámara de Diputados son dos informes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), el peritaje del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) sobre los cuerpos y los resultados de absorción atómica y, finalmente, dos legajos que contienen supuestamente el peritaje de las memorias portátiles y las cámaras digitales de Eduardo Rózsa. Sin embargo y pese a que Montenegro compró discos duros externos para obtener copias de la información digital, Soza no ha enviado el contenido de los discos duros de las computadoras.“Es lamentable que los diputados tengamos que acceder a estos documentos por otros medios y no pueda ser facilitado por el fiscal. La actitud del representante del Ministerio Público es deliberada por eso vamos a iniciar un proceso al fiscal (Marcelo Soza)”, aseguró el parlamentario de oposición.El presidente de la Comisión, César Navarro, informó de que recibió una nota del fiscal Soza en la que hace conocer que enviará un informe escrito a los diputados y por qué no se puede enviar documentación.Los diputados pidieron, en julio, los informes de las computadoras del grupo del presunto terrorista Eduardo Rózsa, que fue acribillado junto a Árpád Magyarosi y Michael Dwyer en el hotel Las Américas. Sin embargo, la documentación pericial nunca llegó y causó la molestia de los parlamentarios de oposición.Por otro lado, ayer a las 15:30 debía presentarse a declarar el capitán Wálter Andrade, jefe policial que comandó la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) en el operativo donde murió Rózsa, pero envió un memorial a los diputados con un certificado médico que establece que tiene ocho semanas de impedimento y por tanto no puede asistir a declarar.Según el documento, el capitán Andrade tendría un “politraumatismo, luxación expuesta del codo izquierdo, lesión en el nervio mediano región frontal, múltiples lesiones cutáneas y lesión en ambas muñecas”.Además, el memorial indica que Andrade se ratifica en sus declaraciones realizadas ante el fiscal Soza y solicita que no se lo convoque más por este caso. De ese modo, el ex jefe policial se niega a responder las preguntas de los diputados opositores y como la comisión no es cabeza de Ministerio Público, no está obligado a comparecer ante ella.Aunque Montenegro insistió en que llamarán a declarar a Andrade, Navarro recordó que no tienen capacidad coercitiva para conseguir que comparezca contra su voluntad.A la ausencia de Andrade se sumó la de varios diputados que no arribaron a la sede de Gobierno. Navarro explicó que sus colegas no llegaron por dificultades en los vuelos.
Gueder y Mendoza recusan a YañíquezLa audiencia contra Alcides Mendoza Masabí y Juan Carlos Gueder Bruno, por supuesto alzamiento armado, fue trasladado al juzgado octavo de Instrucción en lo Penal a cargo de Róger Valverde, porque ayer la defensa de los imputados presentó la recusa de la juez Betty Yañíquez que debía llevar adelante la audiencia cautelar.Tal como estaba anunciado, el abogado Raúl Corro presentó el memorial de recusación; mientras, en Santa Cruz, el abogado Denver Pedraza dejó en la Corte Superior de Distrito un recurso de acción de libertad para favorecer a sus clientes. En el memorial, que fue dejado en la Sala Penal Segunda del Palacio de Justicia de Santa Cruz, se solicita la liberación de sus defendidos porque Gueder y Mendoza consideran que el caso debe ser procesado en Santa Cruz, como lo indicó la Corte Superior de Justicia en un fallo que dirimió el conflicto de competencias entre Santa Cruz y La Paz.Pedraza también adelantó que iniciará un proceso por prevaricato contra el fiscal que investiga el caso, Marcelo Soza y contra las autoridades jurisdiccionales que hubieran conocido el caso, ya que los dos acusados, presentaron una recusación contra el fiscal que, pese a ello, procedió a tomar las declaraciones e imputar a Gueder y a Mendoza. Para hoy, el juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal debe fijar fecha y hora para la audiencia, mientras esperan el resultado del amparo presentado en Santa Cruz.
Dicen que Villa presentaba a un ‘senderista’En su declaración ampliatoria ante el fiscal Marcelo Soza, el ex asesor de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Gueder relató que en el encuentro con Eduardo Rózsa, que asegura haber tenido en el stand que utiliza Cotas en la Fexpo, Ignacio Villa Vargas le presentó a una persona que aseguró que era de Sendero Luminoso, grupo terrorista peruano aplacado durante el Gobierno de Alberto Fujimori.“Era medio indiecito; decía que era capitán y tenía el cabello largo y una cicatriz”, contó Gueder. En la declaración no se especifica dónde el descrito tiene la herida.La única referencia anterior a un miembro de Sendero Lumino como parte de la supuesta banda terrorista llegó en el correo electrónico que contenían las fotos en las que presuntamente se ve al capitán Wálter Andrade con Eduardo Rózsa e Ignacio Villa Vargas. Firmando como Policía X, el autor del correo indica que Villa Vargas, apodado El Viejo, ex testigo clave de la Fiscalía, había infiltrado a Andrade, que tiene una cicatriz en la frente, en el grupo como un supuesto ex miembro de Sendero experto en explosivos. El ‘Policía X’ añadió que el ex jefe de Utarc fue el encargado de poner la bomba en la puerta de la casa del cardenal Julio Terrazas, la madrugada del 15 de abril.
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